El ex ministro recordó el proceso para obtener la condición de exonerado.
Admitió que el sistema era malo y los parlamentarios se veían "presionados" para entregar certificados.
El ex senador negó que haya habido "dolo" de parlamentarios o Gobiernos, o "una maquinaria para defraudar al fisco", como acusó Rodrigo Ubilla.
El ex ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo negó este viernes en Cooperativa que los gobiernos o parlamentarios de la Concertación hayan actuado de manera dolosa en la entrega de certificados para acreditar la condición de personas como exonerados políticos de la dictadura.
Viera-Gallo apuntó a las deficiencias de la propia ley y a que "el sistema no era bueno", pero indicó que esto no se corresponde con una intención de defraudar al Fisco, como ha acusado el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
"Había una presión de gente que decía: 'Mire, yo tengo derecho (a la pensión de exonerado), pero no tengo ninguna prueba y tengo al testigo de la época del partido tanto o el dirigente sindical que atestigua'; entonces, el parlamentario (...) se ve forzado, constreñido a una demanda social que difícilmente puede calibrar hasta el último si es verdad o no es verdad", explicó Viera-Gallo en conversación con El Primer Café de Cooperativa.
El ex diputado y ex senador resaltó, sin embargo, que "ese certificado no era plena prueba, era simplemente un antecedente. Eso llegaba después al Ministerio del Interior: miles de carpetas, miles, (que debían ser revisadas por) pocos funcionarios que hacían la clasificación. Después la Contraloría tomaban razón de la resolución. O sea, de todas estas resoluciones impugnadas la Contraloría en su minuto tomó razón", destacó.
"Lo que pasa es que el contralor ahora, con un criterio más estricto, seguramente, ha hecho una investigación y ha dicho: 'Me parece que todos estos casos no se justifican'. Ahora, eso no quiere decir que el contralor tenga la razón. El contralor ha dado una opinión importante, porque ha hecho una investigación, pero si se quiere suspender la pensión esto tiene que ir a juicio", indicó Viera-Gallo.
Descarta motivaciones políticas
El también ex miembro del Tribunal Constitucional se alejó también de las especulaciones políticas en este caso.
Dijo que no tiene sentido acusar fines electorales -algo que también planteó Ubilla-, "porque serían muy pocos" los votos que se conseguirían con la entrega de estos beneficio y también "porque lo hicieron también los del otro sector (la derecha, entregar certificados)", aunque los exonerados "obviamente se acercaban más a los que eran de la Concertación".
"Esto es una papa caliente de todo el sistema. Yo pienso que esto puede generar un efecto búmeran en todo el sistema (...) Esto siembra un grado de incertidumbre tremendo. Yo no sé cuántos son todos los exonerados, pero fácilmente serán 100 mil, si cada uno tiene cinco votantes al lado estamos hablando de unas 500 mil personas que hoy día no están muy contentas, porque les pueden quitar su pensión" de 130 mil pesos y eso podría jugarle en contra el Gobierno, alertó.
"Por eso yo no creo que esto sea usado políticamente por nadie. A nadie le conviene todo esto". El fondo de este caso es que "cuando hay represiones tan masivas y hay reparaciones tan masivas siempre hay gente que se cuela, gente que no está bien calificada; es imposible que no ocurra".
"Yo di muy pocos certificados, debo haber dado 10 (...) y di tan pocos certificados porque me imaginaba que la ley se podía prestar para abusos (...) Eso pasa en muchos subsidios del Estado (...) Lo que yo quiero excluir es el dolo, que de parte de parlamentarios o los gobiernos que sean haya habido una maquinaria para defraudar al Estado, eso no lo creo", sentenció el ex ministro, que insistió en la "precariedad" que había en Interior para evaluar las "miles de carpetas" que llegaban con antecedentes de exoneraciones.
