La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valoró la detención en Argentina del ex coronel Sergio Jara Arancibia, prófugo condenado por crímenes en dictadura, hecho que ayudará -advirtió- a parar las "redes de protección" que acusa tienen los ex militares violadores de Derechos Humanos.
La presidenta de la organización, Alicia Lira, resaltó que la captura de Jara Arancibia "es una forma a más de parar la impunidad y este cerco de protección que tienen militares en retiro cuando son condenados por estos crímenes", porque -enfatiza- "tenemos la convicción por los hechos de que tienen protección".
Además, recordó que "la querella la presentó esta agrupación ante la no investigación de estos crímenes, así que para nosotros es muy importante y muy relevante".
"La forma en la que ellos se mantienen, no pasan privaciones, no pasan escasez de ningún tipo, sin embargo, lo demuestran en los hechos que siempre están gozando con un buen departamento, una excelente auto y condición económica como si estuvieran viviendo realmente en la legalidad", agregó.
En la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro coincidió con esta idea, planteando la interrogante de si esta presunta red "surge desde el interior de las instituciones castrenses o de otros sectores que tienen vínculos que les permiten trasladarse, en este caso, incluso fuera del país".
"Él (Jara Arancibia) estuvo un año, pero hay otros que llevan más. ¿Cuál es su red de apoyo que les permite evadir la justicia durante tanto tiempo? No estamos hablando de cualquier condenado, estamos hablando de uniformados en retiro", indicó la presidenta de la AFDD.
El ex coronel estaba prófugo desde hace un año tras una orden de captura internacional por estar condenado por la muerte de dos opositores a la dictadura en 1973, y fue detenido la pasada jornada en Mar del Plata por la Policía Federal de Argentina.
El "tortuoso" proceso de extradición
El siguiente paso en esta causa es lograr la extradición de Jara Arancibia, proceso que explicó el abogado defensor de Derechos Humanos, Marcelo Tapia.
"Corresponde que la extradición sea pedida por el ministro que tuvo la causa en primera instancia, quien debería hacer la petición a la Corte Suprema, que debería aprobarla y remitirla vía Cancillería a la Corte Suprema argentina, y ellos deberían acceder a la extradición", detalló.
El abogado apuntó que este proceso "es un camino largo, tortuoso, es probable que sea dificultoso de resolver y que se demore varios meses, para que luego (en Chile) Sergio Jara Arancibia debería ser recluido en el penal Punta Peuco".
"En estos casos estamos hablando de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el año '73, a ellos se les tomó detenidos, se les torturó, se les fusiló afuera de la cárcel de San Felipe el 13 de septiembre de 1973", dijo Tapia.
"No hubo participación de la justicia, no hubo acción de la justicia por más de 40 años. Recién el 2010 se inició una querella, recién entonces hubo un estudio serio, en especial, del ministro Arancibia en Valparaíso", indicó.
Abogado Meza calificó de "inaceptables" estas declaraciones
El abogado Raúl Meza, que representa a cerca de dos tercios de los internos del penal Punta Peuco, calificó de "inaceptables" estas declaraciones.
"Son francamente inaceptables y absolutamente injustificadas. Los únicos que cuentan en Chile y en el mundo con una red internacional de protección ha sido la izquierda", aseguró.
"Vamos a prestar toda la ayuda y la asesoría legal que necesite la familia del coronel Jara para que se oponga al proceso de extradición de los tribunales en Chile invocando de que en Chile no existe Estado de Derecho para los militares que son procesados o condenados pro causas de DD.HH.", manifestó Meza.
