La familia de Víctor Pey, dueño del clausurado medio, pide que se respete un dictamen del Ciadi en esta materia.
Desde el CDE responden que no se puede modificar la decisión ya que se encuentra prescrita.
La Fundación española Presidente Allende pidió este martes a la Corte Suprema de Chile que anule el decreto que, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, en 1973, ordenó la disolución y confiscación del diario El Clarín, entonces propiedad del español Víctor Pey.
"Esperamos que la Corte Suprema no respalde un decreto de 1975, hecho en dictadura, porque eso sería absolutamente inmoral", dijo al finalizar la audiencia de alegatos la hija del expropietario del periódico, Coral Pey, quien vinculó esa causa a "la libertad de prensa, la desconcentración de medios y la libertad de expresión en Chile".
El abogado de la familia, Víctor Araya, señaló durante la sesión que un decreto confiscatorio "es anticonstitucional en Chile, bajo cualquier Constitución", y pidió al Alto Tribunal que obligue a cumplir el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje del Banco Mundial, que –dijo– "condenó al Estado chileno" a una compensación millonaria por la confiscación del periódico.
Por su lado, el representante del Consejo de Defensa del Estado, como parte demandada, contradijo que existan sentencias condenatorias del Ciadi contra el Estado chileno y argumentó que la nulidad del decreto de 1975 no se puede pedir porque al tratarse de un acto administrativo, relacionado con la propiedad, prescribió transcurridos 10 años.
"Lo más llamativo de este alegato es que el Estado de Chile siga desconociendo que sobre él pesa una condena desde el año 2008 (del Ciadi) por denegación de justicia y discriminación, y que tiene la obligación de compensar", señaló Araya al finalizar la sesión.
El caso se debatió en el órgano internacional desde 1998 hasta 2020 y tanto Pey, propietaria del 10 % de la empresa editora, como la Fundación, representada por Joan Garcés y propietaria del otro 90 %, denunciaron la vulneración de sus derechos en el marco del tratado bilateral de protección de inversiones extranjeras firmado en 1991 por Chile y España.
El último de los laudos emitidos por el Ciadi, de 2020, establece –según los demandantes– que la expropiación de 1973-1975 "no tenía ningún efecto sobre la cesibilidad de las acciones": ni sobre las cedidas a la Fundación Presidente Allende en 1990, ni sobre las cedidas a Coral Pey en 2013.
Hoy, por primera vez y después de tres suspensiones consecutivas, el caso de El Clarín, que llegó a ser el periódico de mayor circulación en la época, llegó a la Corte Suprema chilena, que en unos meses, según los cálculos de los demandantes, emitirá una sentencia definitiva, pero mientras, Pey pidió al Gobierno de Gabriel Boric "sentarse a conversar sobre una causa que es profundamente justa".
Víctor Pey, un exiliado republicano español que llegó a Chile en el barco Winnipeg, compró El Clarín en 1972, en pleno Gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), con quien cultivó una estrecha amistad.
El 11 de septiembre de 1973, mientras los tanques se dirigían a La Moneda, unidades del Ejército entraron en la sede del diario y se apropiaron del edificio, las máquinas y las rotativas, recién compradas y unas de las más modernas de Latinoamérica. Todavía hoy se encuentran en manos del Ejército chileno.
El periódico fue clausurado y Pey fue perseguido y obligado a exiliarse en Venezuela hasta el retorno a la democracia. A su regreso a Chile intentó recuperar el diario, pero los documentos que acreditaban su propiedad fueron sustraídos por los agentes del régimen, lo que ha complicado la batalla contra el Estado en los tribunales.
En 2018, a los 103 años, Pey falleció por causas naturales en Santiago. Su amigo Joan Garcés y su hija se convirtieron entonces en los herederos de su lucha, que hoy ella pidió recordar: "Insto a la ciudadanía a que el caso de El Clarín no pase al olvido".
