Este martes la Comisión de Derechos Humanos del Senado inició la tramitación del proyecto de ley presentado por senadores de oposición que busca indultar a quienes han sido detenidos y están formalizados o condenados por distintos delitos tras el estallido social.
En la instancia participó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien se abrió a la posibilidad de revisar, en forma separada a este proyecto de ley, el tema de la prisión preventiva en el sistema judicial, ya que específicamente esta propuesta deja afuera a quienes hubieran sido acusados por delitos similares pero en otros contextos.
El secretario de Estado calificó la iniciativa como una "amnistía encubierta".
Detalló además que existen 227 personas formalizadas por delitos asociados al estallido social, sobre las que se podría aplicar la ley que se tramita, 172 de los cuales permanecen en prisión preventiva y 55 ya fueron condenadas.
De este universo, el 58 por ciento tiene ingresos anteriores al sistema penal por otros delitos, según el ministro.
"No queremos por la vía de la ley declarar inocente y decretar la impunidad a personas que cometieron eventualmente, y eso es lo que tienen que decidir los jueces, un delito determinado. No corresponde la ley de indultos, hay que revisar el tema de fondo, que es el de la prisión preventiva y estamos trabajando en esa materia", planteó.
En esa línea, complementó que "atendidos ciertos antecedentes que hemos conocido, por ejemplo el estudio de la Defensoría Penal, cerca de un 40 por ciento de las personas que están en prisión preventiva, una vez que termina el proceso en su respecto, o es declarado inocente o es condenado por penas que no son privativas de libertad. Uno puede entender que hay un margen de error y ese es el tema que deberíamos abordar".
Apuntan al legítimo derecho de la protesta social
En la misma sesión expuso Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien sostuvo que "el proyecto de ley sobre indulto general busca reparar en parte las graves vulneraciones a los derechos humanos de que han sido objeto los miles de jóvenes que han sido encarcelados desde el inicio del estallido social por ejercer el legítimo derecho de la protesta social, desde la comprensible rabia, frustración e indignación contra un sistema que históricamente ha vulnerado sus derechos sociales y económica, como a sus padres y abuelos".
"Muchas de sus actuaciones calificadas como ilícitas pueden encuadrarse en el derecho de la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves de funcionarios del Estado dirigidos contra la población civil", apuntó.
Asimismo, cuestionó que "resulta complejo que en la audiencia de control de detención, contando solo con la declaración del funcionario policial aprehensor, que en menos de 24 horas de la detención estén todos los antecedentes que exige la ley para decretar la prisión preventiva".
"Sin embargo -puntualizó-, el 84,6 por ciento de las solicitudes fueron concedidas, sobre todo cuando existen antecedentes de involucramiento personal, abuso de poder y declaraciones falsas de Carabineros".
También estuvieron en la Comisión el abogado Jaime Fuentes, representante de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1; y Tania Parada, pareja de Jordano Santander, quien junto a tres personas fue detenido en San Antonio un día después de las protestas del primer lunes de marzo, y cuyo juicio oral iniciará recién en febrero próximo, de 2021.
"Nosotros en ningún momento hemos tenido un juicio justo, porque cada persona tiene el derecho a la presunción de inocencia y a nosotros en ningún momento nos han hecho eso. En todo momento, en estos 10 meses, a los chiquillos los han declarado culpable sin tener pruebas", indicó Parada.
"Todo este tiempo en prisión es una muestra de abuso de poder, del mismo que nos hizo estallar el 18 de octubre (de 2019) y que nos mantiene luchando contra él", fustigó.
Cuestionamientos desde el oficialismo
De ser visada la iniciativa en la instancia de DDHH, deberá seguir su tramitación en las comisiones de Constitución y Seguridad Pública, antes de pasar a la Sala del Senado y luego, eventualmente, a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ya se encuentran atentos al debate.
El diputado Diego Schalper (RN) criticó que "es de los proyectos más débiles que he leído desde que soy parlamentario. Primero, porque habla de indulto por delitos no condenados y para que sepamos, los indultos son respecto de delitos condenados".
"Aquí lo que correspondería, si tienen un mínimo de rigurosidad jurídica, es la amnistía. ¿De verdad creen que hay que indultar a alguien que ha cometido un homicidio frustrado o que ha cometido un delito de incendio con probabilidad de causa de muerte? Creo que va a quedar como una mala anécdota de algunos senadores de la oposición", añadió.
A su vez, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) adelantó que "aquí van a venir a testificar las personas que han sufrido de la delincuencia, del pillaje, de la destrucción, del saqueo, de la quema permanente por parte de estos verdaderos delincuentes y nosotros vamos no solamente a votar en contra, sino a combatir por todas las vías posibles que tengamos un proyecto como este".
El Gobierno, en tanto, ya adelantó que si este proyecto sigue con su avance utilizará su derecho a veto.
