El Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó que el conflicto de tierras y los hechos de violencia en la Macrozona Sur están afectando garantías fundamentales tanto de población indígena como no indígena, y la respuesta estatal frente a este problema se ha caracterizado por ser "insuficiente".
Según informó El Mercurio, el Consejo del INDH aprobó por unanimidad el documento "Informe sobre Violencias Percibidas en la Macrozona Centro-Sur 2023", que recogió datos estadísticos, de prensa y entrevistas en terreno realizadas durante los meses de julio y agosto de 2023.
El informe fue enviado el viernes último al Presidente Gabriel Boric, al Congreso y al Ministerio Público, y consigna que, además de vulnerar a los pueblos indígenas, la "crisis vivida en la zona ha provocado una afectación a los derechos humanos de actores no indígenas".
El texto señala, detalla el diario, "la afectación de derechos humanos vividas por gremios y agricultores, entre otros actores no indígenas", en un contexto de "violencias complejas, dinámicas y persistentes".
"LA RESPUESTA DEL ESTADO SIGUE SIENDO INSUFICIENTE"
Recuerda el INDH que "es una obligación del Estado proveer condiciones de seguridad a todos los habitantes del territorio, dado que la afectación a este derecho altera el libre ejercido de otros derechos humanos, como, por ejemplo, la educación, la libertad religiosa, la libre circulación y residencia, propiedad, etcétera".
"En esta zona del país se experimentan múltiples expresiones de violencia, (como) la vulneración del derecho a la libertad religiosa a propósito de los ataques en contra de sitios sagrados indígenas e iglesias cristianas", ejemplifica.
El escrito también hace eco de los "relatos divergentes sobre la propiedad de las tierras en disputa, que derivan en acusaciones de usurpación", y de las "múltiples vulneraciones de derechos entre particulares donde la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente".
En definitiva, el escenario en dichas regiones de Chile es de "múltiples vulneraciones de derechos a diversos grupos sociales y étnicos de la zona", concluye.
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SENADORA ARAVENA: EL ESTADO HA INVISIBILIZADO A LAS VÍCTIMAS
El documento del INDH fue valorado por la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, quien representa en la Cámara Alta a la Región de La Araucanía.
"Me parece que hay dos aspectos de gran relevancia que se abordan en este informe: uno de ellos es que se reconoce la situación de vulneración de derechos humanos de las víctimas no mapuches que por 27 años se han visto afectadas por el actuar de las orgánicas radicales que operan en la Macrozona Sur", expresó.
Según la parlamentaria, "durante años el Estado ha invisibilizado a miles de personas -incluidos miembros del pueblo mapuche-, que han padecido la violencia e inseguridad instalada principalmente en Biobío, La Araucanía y Los Ríos".
"No se debe hacer distinción de si las víctimas son o no de origen mapuche, ya que la violencia que imponen estos grupos los afecta de igual manera y es transversal. Aquí se requieren medidas y un trabajo multidimensional, que es lo que estamos abordando en la Comisión para la Paz y el Entendimiento", agregó Aravena, quien integra la referida instancia convocada por el Gobierno, que empezó a trabajar en junio.
CONTRATISTAS FORESTALES: "VERDAD IRRESPONSABLEMENTE ESCONDIDA POR TANTO TIEMPO"
También reaccionó al informe del INDH, mediante una declaración pública, la Asociación Gremial de Contratistas Forestales: "Han sido 10 largos años esperando que el Estado, a través de sus instituciones, encontrara una verdad muy conocida por nosotros y que afectaba a los todos los habitantes de la Macrozona Sur del país".
Según la organización, "son 46.000 trabajadores forestales y 460 contratistas forestales los afectados por esta verdad irresponsablemente escondida y usada políticamente por tanto tiempo".
"Valoramos la conclusión ofrecida por este informe, que viene a remediar moralmente, en alguna medida, tantas pérdidas, tanto dolor y tanto sufrimiento", señala el escrito.
"Esperamos que, con esta información, el Estado entienda de una buena vez
que no se construye un país con parte de su territorio sumido en una lógica violenta y terrorista, sino que es deber de él garantizar y entregar las
condiciones de seguridad para que todos sus habitantes puedan trabajar,
emprender y transitar libremente", finaliza la Asociación.
