La Corte Suprema dictó una condena para 33 represores involucrados en el secuestro y desaparición de frentistas.
El penal ubicado en Tiltil tiene espacio para recibir sólo a seis reos nuevos.
Entre los reos que ya cumplen condena en Punta Peuco hay "inquietud" ante la eventualidad de traslados.
Una masiva condena a 33 ex agentes del Estado involucrados en el secuestro y la desaparición de cinco frentistas en 1987 convirtió en un hecho la saturación del penal de Punta Peuco y la urgencia de contar con una alternativa para encarcelar a los criminales de lesa humanidad.
La Corte Suprema dictó las sentencias condenatorias contra una treintena de represores que pertenecieron a la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército y el Comando de Aviación del Ejército por los asesinatos de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
De los condenados hay seis que ya cumplen condena en Punta Peuco -entre ellos Álvaro Corbalán- pero el recinto ubicado en la comuna de Tiltil tiene sólo otras seis plazas disponibles.
De este modo, el resto de los condenados tendrá que ser trasladado a otro penal y se presume que será a Colina I, como ya se adelantaba hace dos años ante la inminente falta de capacidad de Punta Peuco.
"Yo entiendo que la Dirección de Gendarmería de una u otra manera ya ha estado viendo cuáles son las posibilidades como para habilitar otro lugar que no sea Punta Peuco. Comprendo yo que una de las posibilidades puede ser Colina I. Me imagino que eso lo verán cuando (la ejecución de la condena en) el caso se concrete", comentó el ministro en visita Mario Carroza, autor de la investigación que terminó en el masivo fallo.
"Inquietud"
El abogado Raúl Meza, que representa a varios de los sentenciados, reconoció que existe "inquietud" entre los reos de Punta Peuco ante la eventualidad de traslados y esperan que quienes ya están ahí permanezcan.
"Yo quiero entender -como así se ha informado extraoficialmente a las familias de Punta Peuco y a los internos- que estaría dispuesto Colina I para los nuevos condenados. Esperamos que sea una decisión que se tome pronto y sea tomada por Gendarmería, que le corresponde de acuerdo con las normas de carácter administrativo", dijo Meza.
"Si bien es cierto existe una inquietud, esperamos que los condenados de Punta Peuco que hoy cumplen condena se mantengan en ese recinto y los nuevos condenados cumplan en el nuevo recinto, que es Colina I", agregó Meza.
Lanzados al mar
En la investigación de la causa el ministro Mario Carroza logró establecer que las cinco víctimas fueron secuestradas en represalia por el plagio del coronel de Ejército Carlos Carreño (ocurrido el 1 de septiembre de 1987) y hechas desaparecer en un operativo conjunto entre la CNI, el BIE y el Comando de Aviación del Ejército donde los cuerpos fueron arrojados al mar en las costas de Quintay.
Los cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron trasladados al Cuartel Borgoño de la CNI, y "antes de la liberación del Coronel Carreño en Brasil, no siendo posible efectuar un canje, se decide por los organismos de seguridad la eliminación de los detenidos".
De este modo, "organizan un operativo que permite sacar los cinco cuerpos como bultos del recinto en que se encontraban privados de libertad, al parecer sin vida o previamente drogados, y fueron transportados en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, donde finalmente se arrojaron sus cuerpos al mar atados a durmientes", se lee en el fallo (ver archivo adjunto).
"Caso extremo"
El abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa, destaca que aquí hubo "una acción de represalia de los aparatos de seguridad del régimen militar respecto del secuestro del comandante Carlos Carreño, que, efectivamente, aparece como secuestrado por el Frente, pero es puesto en libertad en Brasil".
"Es un caso extremo, porque todos los hechos fueron acreditados, salvo el momento en el que se produce la muerte y los lanzan al mar, posteriormente", dijo Caucoto.
Desde el Gobierno la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, destacó la relevancia de la condena y dijo que Gendarmería deberá evaluar las opciones penitenciarias para los militares condenados.
