En el penúltimo día de su Gobierno se presentaron ante la Justicia, para ser investigados, 30 mil casos de apremios ilegítimos ocurridos en dictadura.
"Debió hacerse hace mucho", comentó la diputada comunista.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz (PC), se refirió a la denuncia presentada por el Gobierno de Michelle Bachelet para que se investiguen 30 mil casos de torturas ocurridos durante la dictadura militar, y detalló la creación de una comisión permanente en esta materia.
"Debió haberse hecho hace mucho. La tortura es un crimen internacional y los casos que han sido investigados por la vía judicial son muy pocos. Por lo tanto, las víctimas de prisión y tortura no han obtenido justicia ni reparación", dijo la parlamentaria.
"Me parece bien que los tribunales investiguen y puedan acceder al Informe Valech, porque ese secreto que se impuso es completamente ilegal desde el punto de vista del Derecho Constitucional", agregó la abogada experta en derechos humanos, que también comentó la negativa del ex ministro de Justicia Jaime Campos para crear una "comisión permanente de calificación de las víctimas de terrorismo de Estado".
"Campos no firmó el decreto respectivo. No obstante eso, está dentro de la competencia de la Subsecretaría haber lanzado un Plan Nacional de Derechos Humanos que contemplaba, entre otros puntos, una comisión permanente de calificación de las víctimas de terrorismo de Estado", explicó.
"Es algo que vamos a tener que discutir, porque, según las declaraciones que hacen los personeros de Gobierno en torno a este tema, no precisamente van a avanzar en el tema que Chile está obligado", concluyó Hertz.
Durante la primera semana de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja debe votar un proyecto ingresado por el Gobierno de Bachelet para entregar un bono de reparación de tres millones de pesos -en dos o tres cuotas anuales- a las 26 mil víctimas reconocidas por las dos comisiones Valech.
Ante esta votación, el diputado de RN, Diego Schalper, apuntó a que se debe tomar ciertos resguardos como "un registro adecuado de los beneficiarios, para que no nos pase lo mismo que con los falsos exonerados políticos".
"Porque la verdad de las cosas es que acá se establece como un beneficio complementario a lo que son las indemnizaciones judiciales y eso sólo es procedente en la medida en que tenemos un registro, cosa de que algunos no se pasen de listo y aprovechen la coyuntura para poder sacar beneficios que no les corresponda", manifestó.
Mientras que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sólo sostuvo que "éste es un proyecto de última hora del Gobierno pasado que lo vamos a analizar en su minuto".
