La magistrada Mónica Maldonado estimó que el máximo tribunal no puede ignorar lo especificado en la ley que creó la comisión sobre torturas y pedir conocer detalles de los testimonios reunidos.
Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema, recomendó a la sala penal del tribunal superior del país que rechace el recurso de inaplicabilidad que presentaron abogados de derechos humanos y que busca eliminar el secreto que caracteriza los testimonios que recibió la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como comisión Valech.
Tras la presentación del escrito, patrocinado por los juristas Alfredo Morgado Julia Urquieta, la Suprema pidió a la magistrada un informe en derecho, para facilitar su mejor resolución.
De acuerdo a los abogados recurrentes, al igual que varias organizaciones vinculadas a víctimas de la dictadura militar, el Poder Judicial debe tener acceso a todo el material que acumuló la comisión, cuyo trabajo documentó las torturas que sufrieron cerca de 30.000 ciudadanos bajo el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte.
En particular, se busca conocer los detalles sobre quiénes practicaban los apremios ilegítimos contra los opositores, realizados en los numerosos centros clandestinos de detención que usaron los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas, como Villa Gramaldi, Londres 38, la Academia de Guerra Aérea y el buque escuela "Esmeralda".
Según la opinión de la jueza Maldonado, la ley 19.992, que dio origen a la comisión Valech, define el secreto profesional, por lo que éste se enmarca dentro de las normas vigentes.
Asimismo, la fiscal estimó que quienes entregaron su testimonio a la instancia, dependiente de la Presidencia de la República, pueden también hacerlo ante los tribunales en caso de presentar una acción legal.
Ahora, será la sala penal de la Corte Suprema la que defina si acoge el recurso de los abogados o archiva la solicitud, como recomendó Mónica Maldonado.
