Representantes de todas las bancadas opositoras apoyan la iniciativa.
La acción va dirigida en contra de Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama.
Esperan discutirla en la Sala de la Cámara Baja a mediados de septiembre.
Partidos de oposición confirmaron la presentación de una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema que aprobaron otorgar la libertad condicional a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Representantes de todas las bancadas de diputados de la oposición, acompañados por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, ratificaron la decisión durante este jueves en el Congreso.
La acción será presentada en contra de los tres magistrados que aprobaron la petición de la defensa de los reos: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama.
La acusación será presentada en un plazo de entre siete o 10 días y se espera que sea vista por la Sala de la Cámara Baja a mediados de septiembre.
Con casi todas las bancadas de la oposición ratificando su disposición a respaldar esta acusación constitucional y aunque la Democracia Cristiana no está concurriendo con la firma, hay voluntad expresa de la mayoría de sus diputados de apoyar la acción.
Lorena Pizarro, la presidenta de la AFDD, valoró que la DC esté dejando claro que comparte el fondo de las criticas: "La DC no la va a firmar, pero sí tiene absoluta consciencia de la gravedad de esto. Ayer presentaron un proyecto de ley y van a avanzar en el respaldo de cuando se vote la iniciativa".
Uno de los que sí ha apoyado activamente es el diputado DC Raúl Soto, quien dijo que "dentro de la bancada hay una apertura bastante mayoritaria a esta posibilidad, lo que pasa es que no se ha tomado la decisión definitiva de apoyarla o no porque el caso no está construido, el libelo no está escrito, y por lo tanto no quiere tomar una decisión a priori".
"Yo he trabajado con mi equipo jurídico y lo he puesto a disposición de las fuerzas de oposición que están trabajando en la materia, porque creo que efectivamente es bastante viable desde el punto de vista jurídico y por eso he tomado la decisión", añadió el diputado Soto.
"Votos hay y hay una gran mayoría. Lo que se decidió como bancada de la DC es no suscribir el libelo, no firmar el libelo, pero sí apoyar -en la mayoría, insisto, de los parlamentarios de la DC- con su voto la acusación constitucional", remarcó.
De estar los votos, lo que es altamente probable dada la voluntad que existe en la oposición, todo tendrá que ser resuelto en el Senado.
El presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes (PS), no quiso adelantar juicios ya que podría generar una posibilidad de inhabilitarse, pero cree que sí es el momento de legislar como de establecer esto con una citación fija que no amerite dudas en el futuro.
"Hay un debate jurídico sobre si corresponde una situación especial en el caso de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes de lesa humanidad o no. Hay opiniones de juristas que dicen que Chile en su propia Constitución establece que se acoge a los tratados, por lo tanto, estaría vigente para nuestras decisiones", dijo el senador socialista.
El jefe de bancada de los diputados PPD, Ricardo Celis, manifestó que "realmente sería aun homenaje a las víctimas que esto lo pudiéramos votar en Sala el 11 de septiembre".
"Lo que más pedimos adicionalmente es que este periodo está acompañado de movilización social. Queremos que las regiones, en todas partes, las organizaciones de derechos humanos, la gente, aquellos que se han sentido golpeados por estos fallos, salgan a la calle y expresen a poyo a esta vergüenza nacional que hemos visto en los últimos días", agregó.
Amnistía rechaza libertad a reos de Punta Peuco
En tanto, desde Amnistía Internacional, su directora ejecutiva, Ana Piquer, rechazó que se haya liberado a siete internos de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos.
"Ese es un fallo muy indignante, es importante que se haga una diferencia entre lo que son personas que han cometido delitos comunes y personas que han cometido delitos de lesa humanidad, es un estándar completamente distinto que es gravísimo", dijo la encargada del organismo.
"Son agentes del Estado actuando en ese rol que vulneraron gravemente los derechos humanos de muchísimas personas, eso no significa que en ningún caso y en ningún escenario sea posible dar algún tipo de beneficio carcelario pero tiene que hacerse con un análisis, eventuales razones humanitarias, como también por si esas personas han mostrado efectivamente algún grado de arrepentimiento y han colaborado con las investigaciones y eso es algo que no se vio en este caso y es lo que hace muy preocupante que esto se transforme en una tendencia", dijo Piquer.
