El abogado constitucionalista y precandidato presidencial del Partido Socialista Fernando Atria señaló en Cooperativa que la molestia desatada por la "misa del perdón" que realizarán reos de Punta Peuco se debe, en parte, a la impunidad que gozan los civiles que tuvieron responsabilidad política en la época de la dictadura.
"Uno tiene que entender cuál es el problema que se ha suscitado, y es que las personas que han sido condenadas por violaciones a los derechos humanos han debido cargar con todo el peso de lo que significaron esas violaciones terribles que ocurrieron durante esos 17 años (de dictadura)", expresó Atria.
"Quienes tienen o tuvieron responsabilidad política en la mantención del régimen que permitió eso, (...) quienes tenían responsabilidad política por esos hechos se han lavado las manos del modo más vergonzoso durante los últimos 20 años", advirtió el jurista en Lo Que Queda del Día.
"Todo el peso de ese drama recayó en quienes fueron los autores materiales y eso lleva a estas situaciones que, por supuesto, son problemáticas, pero uno puede entenderlas si entiende que hay una enorme responsabilidad por esos hechos que no está siendo asumida por nadie", reflexionó el precandidato presidencial.
Atria cuestionó que "ahora uno escucha a los mismos que negaban la realidad de los detenidos desaparecidos, a los mismos que decían que todo era un invento, los mismos que decían que eran enfrentamientos, decir: 'Nosotros siempre hemos sido los primeros defensores de los derechos humanos'. Ahí está el problema real".
"Hay una cuestión política que ha quedado sin respuesta por esa forma de impunidad", indicó.
"Beneficios carcelarios no son derechos"
Junto con esto, el académico de derecho de la Universidad de Chile también precisó que "los beneficios que tienen las personas que están condenadas no pueden entenderse como derechos", puesto que "son gracias que se les conceden".
La denominada "misa del perdón" se realizará mañana viernes a las 11:00 horas en el penal de Punta Peuco, lo que motivó que este jueves un grupo de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos se encadenara en las bancas de la Catedral Metropolitana rechazando el acto.
