Tras la decisión de las bancadas de los partidos Socialista y Demócrata Cristiano de no respaldar la nominación del juez Juan Muñoz Pardo a la Corte Suprema, el Gobierno optó por quitarle la urgencia a la propuesta.
El rechazo a Muñoz se debe a su postura a favor de la amnistía y la prescripción en causas de Derechos Humanos y a que en el caso de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, el magistrado acogió algunos recursos de amparo interpuestos por los imputados.
El secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, aseguró que La Moneda insistirá con el nombramiento de Muñoz, pese a que este martes se suspendió la sesión extraordinaria en que se votaría.
El ministro detalló que "se necesitan 25 senadores y seguimos trabajando y conversando con la Concertación para aprobar. El juez Muñoz es un distinguido jurista, ha tenido una trayectoria muy destacada y creemos que sería un aporte para la Corte Suprema".
Por su parte, el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle adelantó que mantendrá su rechazo al magistrado Muñoz y manifestó su esperanza en que "el Gobierno cambie la propuesta, voy a votar en contra de la nominación actual y no me voy a inhabilitar".
Cuestionamientos al rechazo
El timonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, cuestionó a la DC por retirar su respaldo a Muñoz y expresó que "el Poder Judicial tiene que ser equilibrado, tiene que respetarse la carrera de los funcionarios, sobre todo cuando son personas honradas. El caso del juez Muñoz Pardo, es el de un juez muy aplicado en su trabajo y lo reconocen todos".
Larraín agregó que "si una sentencia no le gusta a un senador, estamos en problemas si eso va a ser el criterio definitivo para integrar los Tribunales".
El nombramiento de Muñoz también es resistido por organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de víctimas de la dictadura.