Como un obstáculo a la verdad, calificó el director ejecutivo para América de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, el plazo de 50 años que se fijó para conocer en su totalidad los testimonios y los nombres de los torturadores que se recopilaron en la información de la Comisión de Prisión Política y Tortura.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, Vivanco señaló que "me preocupa mucho lo del secreto, es algo novedoso, que dificulta la verdad y la justicia".
Además, manifestó que "medio siglo de secreto, en un esfuerzo donde se supone que lo que se debe obtener es más verdad, no menos verdad, no menos información, no me parece que ayuda, es poco razonable".
"En 50 años, ¿qué relevancia tiene? Vamos a estar todos muertos a esa fecha, ¿para qué se esconde esta información por tantos años?, ¿qué relevancia podría tener de aquí a medio siglo, qué carácter educativo puede tener?", cuestionó el abogado.
Al dar a conocer el informe de la Comisión Valech, el Presidente Ricardo Lagos señaló que "tal como (las víctimas) lo pidieron, sus testimonios serán confidenciales y, por lo tanto, nadie tendrá acceso a ellos durante los próximos 50 años", lo que incluye las identidades de quienes cometieron los vejámenes.
El jurista de HRW apuntó que además de la excesividad de los plazos, es necesario que se conozcan los nombres de torturadores vinculados con profesiones de la salud.
"Quién sabe cuantos médicos, dentistas, enfermeros que participaron en estos hechos de tortura, cuántos estarán viviendo una vida perfectamente normal, practicando la medicina en Chile. Esto debe ser aclarado, sacar esos nombres a la luz pública y debe ser investigado, o que el Colegio Médico suspenda las licencias a quienes administraron medicamentos y los procedimientos cuando se torturó", argumentó.
Informe Valech casi no tiene precedentes
Aunque debió hacerse hace mucho tiempo, explicó Vivanco, el Informe Valech es la continuación lógica de un proceso que comenzó con el Informe Rettig, continuó con la Mesa de Diálogo y que "va en una dirección, que significa que poco a poco se va reconociendo la historia, los hechos atroces cometidos, reconociendo la verdad, reivindicando las víctimas y por sobre todo, buscando formas de hacer justicia y reparar el enorme daño hecho durante la dictadura militar".
El informe de Prisión Política y Tortura, explicó el profesional, casi no tiene precedentes. "Uno de los países que tiene antecedentes es Argentina, que hace muchos años indemnizó con cifras muy superiores a las que se está haciendo en Chile a las víctimas que estuvieron en prisión, por seguridad del Estado, prisión política".
Sin embargo, explicó, es difícil probar el delito de la tortura, porque "son prácticas donde todo se oculta, nadie tortura frente a notario publico".
Frente a estos hechos, "habrá que contar con testimonios de testigos presenciales o por lo menos construir la prueba circunstancial, sobre la base de indicios. No es fácil, aunque no imposible", considerando la posibilidad de que se haga justicia con los torturadores, afirmó Vivanco.
Respecto a las prácticas develadas por el informe, Vivanco acotó que tienen enormes similitudes con las fórmulas de barbarie que se han utilizado en otras partes del mundo.
"Hay prácticas que se parecen mucho a lo que hemos visto en Irak, por parte de las fuerzas armadas (estadounidenses), y es curioso, porque en los Estados Unidos hay una enorme resistencia por parte de la opinión pública y el Gobierno por calificar estos hechos como tortura, y hacen lo posible por hablar de excesos, abusos", señaló.
"Felizmente", expresó José Miguel Vivanco, "el informe, al describir hechos muy similares a los de Irak no utiliza eufemismos ni le saca el cuerpo al asunto".