Durante el período que se extendió la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990) e, incluso, ya iniciada la transición a la democracia, la conciencia sobre violaciones de los derechos humanos se remitió casi exclusivamente a la situación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Sin embargo, el proceso de reconstrucción de la verdad histórica del país tiene una nueva perspectiva con el informe de la Comisión sobre Prisión Política y Torturas, que incluye a miles de personas que si bien no perdieron la vida, sufrieron vejaciones que difícilmente pueden ser entendidas bajo algún contexto, incluso la argumentada "guerra interna".
Los tres tomos del trabajo de la llamada Comisión Valech están divididos en ocho capítulos, que contienen la siguiente información:
1. Contexto histórico de la aplicación de la tortura, donde se hace un análisis de la situación política del país tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y en el que se detalla la estructura del Estado, haciendo hincapié en la concetración de poder de tenía Pinochet y la Junta Militar.
2. Informe técnico sobre la creación de la comisión y del procedimiento utilizado para la recopilación y verificación de la información.
3. Cronología de los hechos, en la que se distinguen tres etapas: 1973, de 1974 a 1978 -donde actuó principalmente la DINA- y de 1978 a 1990, época en la que operó la Central Nacional de Informaciones (CNI).
4. Métodos de tortura, quizás el capítulo más escalofriante del informe, donde las víctimas dan cuenta detallada de las diversas prácticas que los agentes de seguridad del Estado utilizaban para amedrentar a los opositores y obtener información.
Aquí se describen golpizas, detenciones prolongadas con ojos vendados o capuchas, inmersión en agua, aceite o combustible, tortura de familiares, aplicación de electricidad en genitales y otras partes del cuerpo, fusilamientos simulados, rompimiento de tímpanos por golpes, quemaduras con cigarros, sopletes y ácidos, abusos sexuales y la violación con animales, entre otros tormentos, que se distinguen según la organización.
5. Identificación de las víctimas, aunque no se detalla su edad y la organización a la que pertenecían, sin embargo, se enfatiza que muchos de los 35.000 afectados que prestaron testimonio ante la comisión no eran militantes de ningún partido o movimiento opositor al gobierno de Pinochet.
6. Análisis de las repercusiones individuales, familiares y sociales de las víctimas, que en gran parte quedaron estigmatizados y tuvieron serias dificultades para reinsertarse en la sociedad, con el consiguiente costo para la reconcialiación del país.
7. Detalle de los centros de detención y tortura usados durante la dictadura, los que son identificados a través de mapas, de quiénes eran los responsables de su funcionamiento y a qué institución pertenecían. Sin embargo, no se explicitan los nombres de los victimarios.
Además, se establece que en los apremios ilegítimos estuvieron involucrados: el Ejército de Chile, la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile (FACh), el cuerpo de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la ahora extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su sucesora, la también desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), además de algunas personas particulares.
8. Propuesta de reparación a las víctimas, que incluye estudiar la entrega de pensiones de gracia de por vida y de indemnizaciones por una sola vez.