Yolanda Méndez, ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, dictó auto de acusación en contra de Enrique Sandoval Arancibia, jefe de operaciones de la división Santiago de la extinta Central Nacional de Informaciones, por su responsabilidad en el delito reiterado de aplicación de tormentos.
Sandoval habría perpetrado el ilícito en el año 1981, tanto en El Morro de Talcahuano como en el Cuartel Borgoño de Santiago, en perjuicio de Arinda Ojeda Aravena, de acuerdo a la resolución citada por Poder Judicial.
El texto establece que a mediados de abril de 1981, el funcionario fue parte de un grupo de agentes de la CNI de la capital perteneciente a la Brigada Azul que, "con la misión de controlar y desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)", se trasladaron hasta Concepción "con el propósito de detener a determinadas personas, miembros del MIR ya identificados que operaban en la ciudad, lo que se llevó a cabo en un operativo simultáneo que culminó con alrededor de 25 detenidos".
Arinda Ojeda Aravena fue una de las personas detenidas en el procedimiento, siendo aprehendida por los agentes el 16 de abril cerca de las 10:00 horas "en la vía pública, en las cercanías de su domicilio" en la comuna de Penco.
"Mientras va caminando tras salir de su casa, los sujetos la toman por la espalda, se acerca un furgón utilitario, la víctima alcanza a ver que tenía cortinas, pues acto seguido la tiran dentro de ese furgón utilitario, y desde ese momento la víctima fue privada del sentido de la vista (vendada y/o encapuchada) y esposada con las manos a la espalda", detalla el escrito.
LAS VEJACIONES
La afectada fue "sometida mediante golpes y amenazas, y realizan incluso un simulacro de fusilamiento, para finalmente llegar más tarde al recinto conocido como Fuerte 'El Morro' ubicado en la comuna de Talcahuano, donde es sometida a múltiples sesiones de tortura sobre un catre metálico, mediante aplicación de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo, en lo que se conoce como 'la parrilla'".
Posteriormente, fue trasladada en avioneta hasta Santiago el 18 de abril para ser dejada en el Cuartel Borgoño, centro de operaciones de la CNI en la capital, "hecho del que no se percata hasta días después, debido al mal estado físico y psíquico en el que se encontraba a raíz de las sesiones de tortura".
Por los siguientes 18 días, fue "sometida nuevamente a violentos interrogatorios que incluyen la aplicación de corriente eléctrica y golpes mediante técnica conocida como 'el teléfono', producto de lo cual queda con secuelas físicas, tales como lesión en la articulación temporo maxilar y pérdida de piezas dentales". También se vio forzada a desnudarse, "obligada a mantener posiciones forzadas, privada del sueño y amenazada constantemente".
Ojeda se percató recién de que estaba en Santiago el 5 de mayo, cuando fue "presentada ante la Fiscalía Militar de Santiago, tras ser obligada a firmar documentos que no le permitieron revisar", siendo procesada entonces por la Justicia Militar y condenada por diversos delitos, entre ellos, "infracción a la Ley sobre Control de Armas e ingreso ilegal al país".
Finalmente, la víctima salió en libertad el 21 de agosto de 1989, "luego de haber permanecido ocho años, cuatro meses y cinco días en prisión, tras ser indultada".
