Cuatro generales del Ejército chileno figuran en la lista de los imputados por la masacre de 22 campesinos de la localidad de Paine.
Según informes del proceso que lleva el juez Héctor Solís, al que la agencia española EFE tuvo acceso este jueves, cuatro son los generales en servicio activo que figuran entre la lista de los 36 subtenientes que en agosto de 1973 se graduaron en la Escuela Militar.
Todos ellos fueron destinados a la Escuela de Infantería de la ciudad de San Bernardo, a la que pertenecen quienes en 1973 asesinaron a los campesinos.
Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División.
El general de División Guillermo Castro Muñoz, comandante de la II División del Ejército de la Región Metropolitana, ya fue interrogado por el juez Solís en la búsqueda de los otros dos subtenientes que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña en la masacre de los 22 campesinos.
También está el general de División Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas del Ejército.
El otro general de División es Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución.
El cuarto oficial es el general de Brigada Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, actual comandante de la División Escuelas del Ejército.
Aldunate fue mencionado por un ex agente como integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, aparato represor de Pinochet, mientras era el segundo comandante de la fuerzas de Naciones Unidas en Haití.
El juez Solís indaga para conocer la identidad de los otros dos subtenientes que acompañaron a Magaña.
Hasta ahora esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973, en Paine, a unos 60 kilómetros al sur de Santiago.
La justicia presume que los cadáveres de los campesinos fueron exhumados clandestinamente entre 1978 y 1979 y lanzados al mar, en el marco de la operación "retiro de televisores", ordenada por Pinochet para borrar el rastro de los asesinatos cometidos en todo Chile en los meses posteriores al golpe.
Dicha operación, de acuerdo con testimonios recogidos en diversos juicios, se llevó a cabo tras el descubrimiento de los cuerpos de una veintena de desaparecidos en la localidad de Lonquén, cercana a Santiago, en 1978.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 integran aún la lista de detenidos desaparecidos, según cifras oficiales, mientras organismos de derechos humanos sostienen que unos 800.000 opositores fueron torturados. (EFE)