El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, advirtió que una eventual acusación constitucional en contra de los jueces que han aprobado la libertad condicional de condenados en causas de derechos humanos generaría condiciones más extremas de funcionamiento en el máximo tribunal.
Luego que diputados de oposición anunciaran que impulsarán una acusación constitucional en contra de los jueces de la Suprema y de la Corte de Apelaciones que votaron a favor este beneficio a ex agentes de la dictadura, el ministro expresó que "indudablemente la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones".
"Está en la Constitución (la acusación). Las personas que piensen en eso, las agrupaciones, los partidos políticos que están discutiendo lo hacen dentro de las probabilidades que son lógicas, son razonables", agregó.
"No quisiera hablar de amedrentamiento, porque yo entiendo que esta es una cuestión de debate público y amedrentar es una expresión demasiado dura que yo no tengo por qué atribuirle", manifestó.
En relación con la acusación, la diputada Carmen Hertz (PC) dijo que "está acordada por prácticamente todas las bancadas de la oposición, la del Partido Socialista, la del PPD y PRO, la bancada del Partido Comunista y la bancada regionalista".
"Los abogados de las bancadas están estructurando de forma seria, rigurosa y fundamentada la acusación constitucional que se presentará en su momento", sostuvo.
Alicia Lira criticó a los Gobiernos "del 90 hasta el saliente"
Durante la presente jornada, centenares de personas llegaron hasta el frontis del Palacio de Tribunales, donde ingresó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) para dejar una carta.
En la misiva, insistieron que les cuesta comprender "como sujetos que no tienen conciencia de los crímenes causados, no tienen conciencia del daño causado, lo justifican hasta el día de hoy sin arrepentimiento, pueden quedar libres después de lo ocurrido".
Posteriormente llegó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que tenía una audiencia con el ministro Brito y a quien le explicaron, con similares argumentos, su disconformidad con la resolución de la Segunda Sala Penal de la Suprema.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, acusó que "los gobiernos, y hablo de todos, nunca legislaron para esta situación que los jueces no se escudaran ni se escondieran detrás, porque el Poder Ejecutivo no legisló sobre la base de los crímenes de lesa humanidad, por lo cual acá hay responsabilidad del Poder Ejecutivo, y hablo del Gobierno del 90 hasta el saliente".
Debate en la comisión mixta sobre libertades condicionales
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, intervino este miércoles en la comisión mixta que sesionó sobre libertades condicionales, sosteniendo que todos los cambios que se hagan pueden ser legales, constitucionales, pero que es difícil hacerlos retroactivos.
"Nosotros estamos planteando que cuando se trata de delitos complejos, brutales, como son los delitos de lesa humanidad, se apliquen las normas internacionales para tener un parámetro, un padrón común y ese permite, como lo dice un proyecto de ley presentado por la ex Presidenta Bachelet, pero bajo ciertas condiciones y requisitos", dijo el ministro.
"Planteamos que esos requisitos sean los que establece el tratado que nosotros hemos suscrito, para que no tengamos puntos de diferencia y tengamos con más facilidad un piso común de acuerdo", precisó el titular de Justicia.
Ante ello, el diputado socialista Leonardo Soto dijo que "aquí se ha puesto en tela de juicio por parte del ministro de que las modificaciones que podríamos hacer hoy en este proyecto de ley que regula las libertades condicionales y establece los requisitos para optar a la libertad condicional de que no sería aplicable a los que hoy están cumpliendo condena".
"Esa es la relativilización que hizo el ministro, yo la descarto completamente, porque si bien la Constitución y el sistema internacional impide aplicar normas más perjudiciales a las personas que están enjuiciadas en este tipo de delitos, tiene que ver con la descripción de los delitos y con las penas, pero no con el cumplimiento de condenas", agregó.
Mientras que el presidente de la comisión mixta, senador Francisco Huenchumilla (DC), sostuvo que "lo central de la controversia es si los delitos de lesa humanidad tienen que tener o no el beneficio de la libertad condicional y bajo qué requisitos tiene que tener la libertad condicional, si es que la tuviera".
"Esa es la controversia que tenemos que zanjar y, bajo ese punto de vista, si está vigente completamente el derecho internacional público respecto de estos temas", indicó.