Además de los beneficios económicos y sociales para las víctimas de vejámenes reconocidas por la Comisión Valech, el ministro espera que se aprueben otros proyectos sobre DD.HH.
"Creo que eso debería pasar rápidamente por el Congreso Nacional", señaló el ministro del Interior, José Miguel Insulza, al ser consultado sobre el envío al Parlamento de los proyectos de reparación anunciados el domingo por el Presidente Ricardo Lagos al dar a conocer el informe de Prisión Política y Tortura.
Además de beneficios en salud, educación y vivienda, Lagos anunció el envío al Congreso de un proyecto de reparación económica consistente en una pensión de cerca de 112 mil pesos mensuales, que aumentarán cuando se cumplen los 70 y 75 años de edad.
"No creo que vayamos a tener oposición. Y ojalá que aprovechemos de sacar las otras cosas que están pendientes: los tratados del Tribunal Penal Internacional, de la Desaparición Forzada de Personas, el Instituto de Derechos Humanos y también la ley de rebaja de penas para quienes colaboren con la justicia (en casos de DD.HH), que está en el Senado todavía", recalcó en diálogo con El Diario de Cooperativa.
Respecto al llamado del Mandatario a realizar todas las medidas de reparación sin realizar una "afrenta" a las Fuerzas Armadas, Insulza señaló que "no podemos seguir viviendo una situación en que determinadas instituciones son miradas como victimarios, sobre todo después de que han asumido responsabilidades institucionales después de 31 años", en referencia al Ejército, que a través de su comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, realizó un mea culpa sobre el tema.
En cuanto contenido del informe, que está disponible en www.gobierno.cl y en Cooperativa.cl y que será próximamente editado, Insulza indicó que "uno siempre piensa, cuando se habla de tortura, en los golpes, en los tiempos pasados a la intemperie, piensa en la electricidad, pero la verdad es que es difícil imaginar tanta barbarie, tanta atrocidad que se llevó adelante en estos recintos, donde además, al parecer, se actuaba con un mismo patrón".
También hizo referencia a un documento oficial de la década de los años 80, dado a conocer por el diario La Nación este lunes, en el que el entonces ministro del Interior y actual senador UDI, Sergio Fernández, asegura a un juez que el centro de detención Villa Grimaldi no existió, Insulza señaló que "es difícil que no supiera, sobre todo cuando habían existido cerca de 800 (centros de detención). Eso solamente no demostraría que a esas alturas los ministerios y la estructura del Gobierno no valían nada y se vivía en un puro estado de terror".
"Lo único que se le podría pedir es que reconozca que estuvo completamente mal y que nunca debió haber participado de ese gobierno", recalcó.
