El ministro de Justicia, Hernán Larraín, respaldó la orden dada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, de revisar causas archivadas de eventuales violaciones a los derechos humanos, con especial foco en los registrados durante la crisis social.
Abbott lo anticipó en la cuenta pública del Ministerio Público hace una semana, planteando que la Unidad Especializada en Derechos Humanos estaría a cargo de elaborar un plan de contingencia para examinar los criterios de actuación en la persecución de dichos casos, y evaluar su reapertura si lo ameritan, de acuerdo a La Tercera.
Pero en su reunión habitual con los fiscales regionales este lunes, indicó que se creará un equipo especializado para analizar la reapertura de aquellas causas, en paralelo a un documento que pretende actualizar el proceder frente a estos ilícitos, que se dará a conocer en los próximos días.
De momento, ha trascendido que los renovados criterios incluirán la persecución de la responsabilidad del mando de las instituciones relacionadas con los denunciados delitos de lesa humanidad.
Al respecto, el ministro Larraín reflexionó que "hemos advertido que el sistema no ha funcionado con la velocidad y la respuesta eficaz que uno quisiera en temas como los producidos por el estallido social, pero también en otras materias", como por ejemplo, "muchos casos de abusos que se cometen en algunas residencias de menores y se denuncian, pero no tienen respuesta eficaz".
El secretario de Estado recordó entonces que la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal fue creada "para poder ver cómo mejorar este sistema de manera que las instituciones respondan, y yo me alegro de que el Ministerio Público y el fiscal nacional estén procurando ver cómo ser más eficientes".
El ministro Jaime Bellolio agregó que "somos los principales interesados en que todas las causas de eventuales violaciones a los derechos humanos sean investigadas por la Fiscalía, sean tratadas por la Justicia y nunca jamás queden en la impunidad".
"Es una buena noticia -añadió- porque queremos que se investiguen absolutamente todas esas causas y ninguna de ellas quede en la impunidad".
INDH: "UNA MUESTRA DEL COMPROMISO DE LA FISCALÍA CON LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA NO IMPUNIDAD"
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, su director, valoró que "la Fiscalía Nacional examine los criterios aplicados en las causas de Derechos Humanos asociados al estallido social, sobre todo respecto aquellas investigaciones que fueron en principio archivadas. En varias de estas el INDH actúa como querellante. Esta es una muestra del compromiso de la Fiscalía con la búsqueda de la verdad, la justicia y la no impunidad en nuestro país".
"Como hemos dicho a partir de nuestro trabajo desplegado en el contexto de la crisis social y de las distintas recomendaciones que se han formulado por parte del Instituto, se trata, además, de una tarea de Estado, que involucra al conjunto de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y, por cierto, al propio INDH", agregó.
El abogado Branislav Marelic, ex director y actual consejero del INDH, expresó que "es una medida muy positiva porque lo que tienen que hacer los Estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos es agotar todas las formas de investigación, entonces esta revisión de las causas cerradas nos va a permitir a nosotros revisar y comprobar, por parte de la Fiscalía, que las causas se han llevado con la mayor diligencia posible".
Según ha consignado Ciper, al 28 de enero pasado, la Fiscalía cerró sin formalizados el 46 por ciento de las causas de DDHH abiertas tras el 18 de octubre del 2019.
ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, Emilia Nuyado (PS), valoró la decisión del fiscal nacional, que abre una luz de esperanza para todas las familias de las víctimas de abusos durante la crisis social.
"Se abre esa posibilidad con la decisión que ha tomado el fiscal y la creación de un equipo especializado que pueda perseguir la responsabilidad de mando de las instituciones involucradas, como Carabineros, el Ejército y la Armada, que violaron los derechos humanos en el estallido social", resaltó la congresista.
