Justicia impuso penas de hasta quince años de cárcel y millonarias indemnizaciones a familiares.
Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, valoró el fallo.
Antofagasta y Calama fueron algunas de las estaciones de la llamada 'Caravana de la Muerte', comandada por el general (r) Sergio Arellano Stark.
A partir de este lunes serán notificados por parte de la justicia los militares retirados que participaron en el episodio Antofagasta del denominado caso Caravana de la Muerte y que recibieron penas de cárcel que van desde los cinco a los quince años de presidio.
El ministro en visita en calidad de juez especial, Leopoldo Llanos, notificará a los coroneles en retiro del Ejército, Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y al mayor en retiro Patricio Ferrer Duco, por la pena de quince años de cárcel debido a su responsabilidad en catorce muertes ocurridas en la capital de la segunda región el 18 de octubre de 1973.
Además fue condenado con cinco años de presidio el teniente (r) Pablo Martínez Latorre en calidad de cómplice.
El juez Leopoldo Llanos dispuso también el pago de 100 millones de pesos para las madres o viudas de las victimas y otros 50 millones para cada uno de los hijos.
Eso sí, Rosa Silva, hija del abogado Héctor Mario Silva, uno de los ejecutados en Antofagasta, reclamó por el retardo de la Justicia.
"Muchas madres, hermanas, esposas no pueden escuchar esto porque ya se fueron, porque están con alzheimer o con enfermedades que no pueden comprender. Y eso claro que me atraviesa en lo personal, porque mi madre está con alzheimer y no puede comprender que después de tantos años de lucha, no pueda darle la noticia de que ya fueron condenados", afirmó.
El abogado Cristián Cruz, querellante en este caso, expuso que "por un lado les trae tranquilidad de que se empieza a cerrar un ciclo (...). Ha sido tardío: algunos familiares ya no están, algunos están con demencia senil. Para ellos ha sido tremendamente doloroso".
Reacción del Presidente de la Corte Suprema
Conocido el dictamen, el Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, valoró la resolución indicando que Chile es uno de los pocos países que ha abordado judicialmente materias de Derechos Humanos con dedicación exclusiva y sentencias.
"(Chile) es uno de los pocos países en el mundo que afrontó el problema de los Derechos Humanos y que designó jueces para investigar las infracciones, y jueces que son miembros de las Cortes de Apelaciones son magistrados con experiencia", afirmó.
"Esta acción del Poder Judicial y por lo tanto del Estado chileno no se encuentra fácilmente en muchos países. Hubo algunos que obviaron esto y simplemente no hicieron nada", agregó la autoridad indicando que espera el pronto cierre de más causas relacionadas.
Cabe recordar que en esta ocasión el general (r) Sergio Arellano Stark, de 88 años y con varias condenas a su haber, no fue sentenciado por poseer calidad de inimputable debido a que padece Alzheimer.
El caso Caravana de la Muerte aborda la ejecución extrajudicial de supuestos detractores a la dictadura, detentando un oficio reservado del entonces comandante en jefe del Ejército y presidente de la junta militar, general Augusto Pinochet Ugarte, por parte del general (r) Sergio Arellano Stark.
Se estima que la comitiva dio muerte en todo el país al menos a 97 personas.
