El director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, dijo que este organismo se verá obligado a exhumar cadáveres de padres y madres de víctimas de la dictadura para cotejar información genética y así evitar nuevos casos de identificaciones erróneas como los que tuvieron que reconocerse en el año 2006 y el día de ayer.
En una reunión con familiares de detenidos desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General e identificados en los años posteriores, el juez que investiga el caso, Alejandro Solís, admitió 14 casos de restos identificados de manera errónea.
"A 24 familias les dijimos: 'Efectivamente los restos que tienen ustedes son los correctos', pero al resto le tuvimos que decir: 'Lamentablemente hubo errores en la identificación, y yo en este momento estoy poniendo la cara por el Estado para pedirles perdón por lo que se hizo, se cometió un error y estamos trabajando para repararlo ", explicó Solís.
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Patricio Bustos, director de organismo forense, dijo que a toda costa se quieren evitar nuevas equivocaciones. (Foto: UPI) |
"Lamentablemente hemos tenido que llegar al extremo de citarlos para decirles: 'Le tenemos una mala noticia, esa persona que le entregaron como su deudo no es (la correcta), así que le pedimos perdón, pero tiene que devolvernos los restos..."; se comprenderá que es muy dramático, pero es la realidad. Son 14 casos en los que había equivocaciones", dijo el magistrado.
Al respecto, el doctor Patricio Bustos dijo que actualmente en el servicio "tenemos algunas cercanías de identificación que no vamos a certificar para no cometer errores, y para ello nosotros necesitamos, en algunos casos, exhumar restos óseos de padre o madre de víctimas de la dictadura, de tal forma de lograr identificaciones certeras".
"En la medida que las vamos teniendo se las entregamos al ministro, y el ministro convoca a las familias de inmediato para no acrecentar esta angustia, que dura ya casi 40 años", señaló Bustos.
Reacción de los familiaresUna de las familias informadas ayer de la errónea identificación de su pariente fue la de José Santos Ramírez, obrero de la construcción de 50 años detenido el 13 de septiembre de 1973 desde su casa en la Población Pablo de Rokha.
En el año 2002 "a nosotros nos entregaron un cuerpo de otra persona", reflexionó sorprendida su nieta, Gisella González Ramírez, tras la reunión con el juez Solís.
González explicó como "no hay una contramuestra", no saben cómo "lograr saber de quién es realmente el cuerpo", mientras que su abuelo vuelve al estatus de detenido desaparecido.
"Las muestras que hay en este momento no pueden concluir en que nos identifiquen realmente a mi abuelo, se complica la identificación, entonces necesitan en este caso la cosanguinidad más directa, que es con los papás de él", ya fallecidos.
"Nosotros vamos a seguir acciones civiles e indemnizatorias, porque ya qué más se puede hacer... ya el dolor está, está la pena,hemos buscado mucho tiempo, años. yo me crié bajo esto", explicó Gisella González.