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Pedro Barrientos, acusado por crimen de Víctor Jara, ya está en Chile

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| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El exmilitar llegó este viernes al país tras ser deportado por mentir en sus declaraciones para obtener la residencia estadounidense.

En 2016 fue declarado "responsable" de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor.

Pedro Barrientos, acusado por crimen de Víctor Jara, ya está en Chile
 Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
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El exteniente Pedro Barrientos, hallado culpable en Estados Unidos por su rol en el asesinato de Víctor Jara en 1973, llegó esta tarde al país tras ser extraditado por haber utilizado datos falsos para solicitar su residencia en el país norteamericano.

Tras su arribo al Aeropuerto Pudahuel, Barrientos fue trasladado en helicóptero por la Policía de Investigaciones (PDI) hasta el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde quedará detenido en calidad de procesado y permanecerá en prisión preventiva, a la espera de la reactivación de la causa.

Según constató el ministro encargado del caso, Guillermo de la Barra, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entregó a Barrientos a la PDI, que procedió a su arresto.

El magistrado se apersonó en el cuartel militar, donde notificó al criminal de la dictadura del proceso en su contra. Luego, se retiró alrededor de las 23:00 horas sin emitir declaraciones a la prensa.

Sobre cómo se gestó la detención y posterior expulsión, el subprefecto Gerardo Raventós Miller, de la Interpol de Santiago, explicó que "la estrategia trató de demostrar ante tribunales migratorios norteamericanos que Pedro Paulo Barrientos había otorgado datos falsos al momento de obtener su ciudadanía".

"De esta forma, nuestros policías lograron encontrar en tribunales chilenos del norte condenas desde 1987 por manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones, sumado al proceso por el homicidio del cantautor y el director de Gendarmería (Littré Quiroga)", continuó.

Aquellos antecedentes "le hicieron a los tribunales norteamericanos tomar la decisión de suspenderle su condición migratoria e iniciar un proceso de expulsión del país", concluyó el detective. 

HISTORIAL DE CRÍMENES Y MENTIRAS

Barrientos, que fue uno de los oficiales que organizaron la multitudinaria represión a civiles en el Estadio Nacional en los días posteriores al golpe de Estado del Ejército contra el Gobierno democrático del socialista Salvador Allende en 1973, fue arrestado el pasado 5 de octubre en Florida (EE.UU.) por miembros de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Según se informó entonces, el arresto del oficial, cuyo nombre completo es Pedro Paulo Barrientos Núñez, se produjo en la ciudad de Deltona en relación con "su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales tras el golpe militar de 1973" en Chile y con base en un dictamen emitido en 2016 por una corte estadounidense que lo hallaba "responsable" de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor.

Meses antes del arresto, el 14 de julio, un juez local lo había despojado de la ciudadanía estadounidense por "ocultar intencionalmente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes de inmigración", lo que llevó a una investigación de HSI.

Según el expediente judicial, Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía porque carecía de buen carácter moral al cometer actos ilegales, dar falso testimonio y participar en ejecuciones extrajudiciales.

En 2016 un jurado de un tribunal federal en Orlando había responsabilizado al exmilitar de la "tortura y el asesinato" de Jara, tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.

El jurado pidió en 2016 al exmilitar chileno el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara.

Según los documentos judiciales, el exmilitar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense.

Barrientos contestó en los trámites migratorios, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar.

Igualmente negó que hubiera participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.

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