El organismo remarcó que "no hubo encargo en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas".
Contraloría indicó que 19 expedientes de beneficiarios, remitidos por el instituto, no presentaban antecedentes médicos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se defendió de las críticas que ha recibido tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) respecto a las pensiones de gracia, apuntando a la responsabilidad del Ministerio del Interior.
El estudio concluyó que 19 expedientes de beneficiarios de las compensaciones, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos. "O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019", indicó el análisis de la CGR.
Frente a estos reparos, el INDH expresó este jueves que de esos 19 casos, la institución "remitió antecedentes que subsanaron 9 de ellos".
"En cuanto a los 10 casos restantes en que la Contraloría mantuvo sus observaciones originales, el pasado 5 de enero el INDH le envió nuevos antecedentes, además de solicitarle la reconsideración para así dejar sin efecto la iniciación de un proceso disciplinario, planteado por el ente contralor", añadió.
El INDH además remarcó que los antecedentes que entregaron "dan cuenta de la acreditación de la condición de víctima hecha por el Instituto, de acuerdo a los criterios establecidos para dicho procedimiento (ser víctima de violaciones de derechos humanos; hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019; que existiera relación con la crisis social; y plausibilidad o razonabilidad de la ocurrencia de menoscabo laboral)".
"El INDH -agregó- además remitió a la Contraloría antecedentes referentes a diagnósticos de centros de salud y en dos casos Protocolo de Estambul realizados por el Servicio Médico Legal (instrumento de la ONU que permite acreditar casos de tortura), entre otros".
Asimismo enfatizó que los Presupuestos 2021 y 2022 le encomendaron acreditar "la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos a las personas que sufrieron lesiones en el contexto de la crisis de octubre de 2019. Al mismo tiempo, no hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas".
"El otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, contenido en las glosas de las mencionadas leyes de Presupuesto, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran", puntualizó.
"Todas las pensiones otorgadas por decisión del Ministerio del Interior lo fueron en virtud de la glosa de personas de afectación en el marco de las manifestaciones. No lo fueron conforme a las glosas que mencionan al INDH. La evaluación o acreditación de lesiones y el menoscabo laboral que puedan ocasionar están fuera de las facultades que la Ley N°20.405 otorga al INDH y eso son tareas completamente ajenas a su misión y competencias", puntualizó.
