El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la polémica respecto a las falencias detectadas por la Contraloría General de la República en la entrega de pensiones de gracia otorgadas por el Estado a víctimas del estallido social de 2019.
El informe del ente reveló que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.
Monsalve explicó que el procedimiento tuvo una "base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta número 16 del 4 de enero de año 2022, que estableció los antecedentes que debían solicitarse. Esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales".
Aclarando que esa resolución "fue dictada por el exsubsecretario (del Interior, Juan Francisco) Galli no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad es que nunca en la historia del país se habían solicitado antecedentes penales para entregar pensiones de gracia".
"Esta falencia -continuó-, que nosotros hemos reiterado que demuestra que los procedimientos legales y administrativos eran completamente insuficientes para proteger a los presidentes de la República cuando entregaban pensiones de gracia, de entregarsela a personas con antecedentes penales, es lo que finalmente produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente Piñera, 21 personas tengan antecedentes penales".
"Y eso es lo que hace que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del Presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales", complementó.
"Eso evidentemente, a la vista de los hechos, parece completamente razonable de corregir. No debió haber ocurrido, y por eso como me comprometí con la comisión investigadora y con la Contraloría, fue reparado (...) a través de una resolución que modifica el procedimiento de entrega de pensiones de gracia, estableciendo por primera vez en Chile que para la entrega de pensiones de gracia siempre deben pedirse los antecedentes penales para que el país nunca tenga que vivir una situación de esta naturaleza", añadió.
CUESTIONAMIENTOS POR FALTA DE ANTECEDENTES MÉDICOS
Sobre la situación de los 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, el subsecretario aclaró que éstos "los solicita el INDH, y por lo tanto, vienen en la carpeta del INDH, que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior en el marco de la postulación", y que lo que ha cuestionado la Contraloría es que en estos casos "no son suficientes para verificar ese menoscabo".
"Ni en el gobierno anterior ni en este Gobierno, el Departamento de Acción Social solicitó antecedentes médicos directamente a las personas afectadas. Siempre evaluó su condición médica en virtud de los antecedentes médicos que venían en la carpeta del INDH", agregó.
"HAY QUE SER JUSTOS EN LAS CRÍTICAS"
Tras conocerse esta situación, varios políticos salieron a pedir renuncias, tal como lo hizo el senador Matías Walker (Demócratas) en El Diario de Cooperativa, quien declaró que "políticamente alguien tiene que asumir la responsabilidad por esta chambonada".
El subsecretario Monsalve afirmó que "es bien importante saber respecto a qué se refiere en materia de costos políticos en particular, porque si fuera por los antecedentes penales, la pregunta es quién tiene que pagar los costos políticos, porque el inicio de los procesos de entrega de pensión y las primeras pensiones de gracia que se entregan a personas con antecedentes penales, no se entregan en este Gobierno".
"Es bien importante ser justos en las críticas, y nosotros hemos tratado de ser súper prudentes porque aquí están involucrados dos presidentes de la República, como ustedes ven, en un caso tan grave que el Presidente decidió revocarla de manera inmediata, como el caso de la pornografía infantil, pero también tan grave como una persona que había sido condenada por abuso sexual de menor que fue entregada en el gobierno anterior", detalló.
Por lo que reiteró que "creo que ninguno de los dos presidentes fue protegido adecuadamente".
RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTERIOR
Jaime Bellolio (UDI), exvocero del gobierno de Sebastián Piñera, respondió al emplazamiento y aseguró que "el Gobierno está empecinado en no querer aprender de los problemas de sus anteriores crisis. Como en el caso de Democracia Viva, en donde intentaron culpar a un procedimiento y al gobierno anterior, cuando era evidente que la corrupción ocurría bajo sus narices. En este caso, la glosa que permite el que existan estas pensiones fue una que fue propuesta por la izquierda y luego exigida en su aplicación".
"Hagámosla corta, que el Gobierno y el Presidente revoque mañana absolutamente todas aquellas pensiones que tienen algún cuestionamiento y que las demás se vuelvan a revisar completamente. Así, para que no haya falsos empates y el Gobierno se haga cargo de su propia responsabilidad", recalcó.
Finalmente, los diputados de Renovación Nacional pertenecientes a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja requirieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe tomar acciones penales y disponer de la recuperación de estos recursos.
