El Instituto Nacional de Derechos Humanos concretó la presentación de la querella, anunciada en mayo, contra altos mados de Carabineros por su presunta responsabilidad en no frenar las violaciones a los DD. HH. cometidas por agentes policiales contra manifestantes durante el estallido social.
La acción penal fue ingresada ayer al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ya la admitió a tramitación y la remitió al Ministerio Público, que deberá resolver la pertinencia de las diligencias que se solicitan en ella, informó este miércoles el INDH.
El escrito se dirige "contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumamos o degradantes", pero también menciona a siete generales, los mismos a los que la Contraloría General de la República, el año pasado, les acusó infracciones a la normativa legal y reglamentaria sobre los marcos y protocolos de actuación de la institución.
Estos son Mauricio Rodríguez, exjefe de Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, exjefe de Zona Santiago Este; Jorge Ávila, exjefe de la Zona Control Orden Público e Intervención; Jorge Valenzuela, exdirector nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Jean Camus, exdirector de Logística; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste, y Hugo Zenteno, exjefe de la V Zona Valparaíso.
La querella busca encausarlos acusándoles que, "entre el 18 de octubre y 19 de noviembre de 2019, omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, teniendo la facultad para hacerlo".
"En concreto se les imputa el resultado de las lesiones de todo tipo, causadas porque no impidieron o no hicieron cesar la aplicación de apremios por el empleo de escopetas antidisturbios, en circunstancias que tenían el deber de hacerlo", precisa la directora nacional del INDH, Consuelo Contreras.
En ese sentido, la acción penal cita un estudio realizado por médicos chilenos y publicado en la revista científica Eye (de Nature) que abarcó entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, y que analizó un total de 259 casos de pacientes atendidos en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador de Santiago.
Según el artículo, en 182 casos se trataba de lesiones debido a proyectiles de impacto cinético (perdigones, balines y súper sock: una bolsa rellena con perdigones con capacidad de fracturar cráneos a corta distancia); mientras que en 36 la causa probable correspondía a impactos de bombas lacrimógenas.
"El escrito establece que el uso masivo de perdigones generó una cantidad tan alta de daños a las personas que constituye un triste récord mundial, sólo comparable a los episodios de trauma ocular ocurridos en el conflicto palestino-israelí: en éste se registraron 154 casos en un periodo de 6 años (2.190 días), mientras que en Chile ocurrieron 182 casos en 43 días", detalla el INDH.
Contreras enfatiza que en 2012 Carabineros había hecho "un estudio de pruebas balísticas sobre el impacto de perdigones", por lo que siete años antes ya tenía "absoluta certeza de que disparando la escopeta antidisturbios a menos de 25 metros de distancia siempre existiría clara posibilidad de producir lesiones corporales; más aún, disparando a más de 30 metros seguiría existiendo el riesgo de causar la pérdida de un ojo".
"Hubo información que se obvió al tomar decisiones tan relevantes como el control del orden público y las responsabilidades deben aclararse", sentencia.
El escrito también señala a Mario Rozas, general director de Carabineros durante el estallido, a quien Sergio Micco -director del INDH a la fecha- le remitió un detallado informe con las situaciones que se presentaron hasta el 30 de octubre de 2019.
La querella, de 202 páginas, fue anunciada por el INDH en mayo de este año, tras ser aprobada por el Consejo, pero su interposición había quedado pendiente tras la bullada salida de Micco de la dirección en julio.
