En medio de la toma en la sede del INDH, su director aseguró que su renuncia "atentaría contra la autonomía" de la entidad.
Salió al paso, además, de las acusaciones en su contra de que es "cómplice de las violaciones a los derechos humanos": "Es una falsedad que deslinda en la infamia".
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, aseguró que ha pensado en dimitir en medio de la crisis del organismo, agravada por la toma de su sede en Santiago que mantienen desde hace siete meses la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y familiares de víctimas de daño ocular durante las protestas de 2019.
La ocupación -cuyo petitorio exige la renuncia de Micco, una reparación integral para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y la libertad de los presos durante ese periodo- se lleva a cabo desde el 8 de julio del año pasado y reactivó las tensiones existentes entre los bandos que hoy existen al interior del consejo del instituto.
De este grupo, formado por 11 consejeros, hay quienes tienen afinidades políticas con el centro, la derecha y la izquierda; sin embargo, si tras octubre de 2019 las diferencias se marcaron con fuerza, hoy los dos bandos mantienen una pugna en base a una contradicción casi vital: el desalojar o no la toma del recinto ubicado en calle Eliodoro Yáñez.
En julio, un 45 por ciento de directorio será renovado, donde el Presidente electo, Gabriel Boric, tendrá la facultad de asignar a un nuevo consejero.
Las negociaciones entre el INDH se rompieron nuevamente luego de que la ACES volviera a subir al petitorio la renuncia a Micco a mediados de enero.
En conversación con El Mercurio, el director de la entidad admitió que ha "pensado nuevamente en poner mi cargo a disposición del consejo, como lo hice en noviembre del 2019, pero decidí que no puedo hacerlo, aunque, como toda persona en sus cabales, lo quiero y deseo".
"Mi salida es imposible, pues atentaría contra la autonomía del INDH, ya que sería aceptar que fuerzas políticas y grupos de presión decidan quién lo dirige y qué se resuelve en temas tan relevantes como si hay o no presos políticos en Chile", señaló el abogado.
"Respecto estrictamente a la usurpación ilegal que hemos sufrido, he cumplido con el deber legal de denunciar a la Fiscalía; esto lo hice en julio y noviembre. Espero que los ocupantes tomen conciencia que se han perdido en su propio laberinto y que nunca debieron haber ocupado una casa que es de todos los chilenos y chilenas", agregó.
El abogado, además, salió al paso de las acusaciones en su contra de que es "cómplice de las violaciones a los derechos humanos" y que supuestamente ha manipulado el conteo de víctimas oculares en las protestas: "Es una falsedad que deslinda en la infamia, pues los que partieron con esta acusación son funcionarios del Instituto y saben muy bien que eso no es así, pues participaron en la elaboración del reporte de las cifras".
"Al día de ser publicada esta falsedad, todos los jefes regionales y jefes de unidad del INDH declararon públicamente que no hubo manipulación alguna de dichas cifras. El INDH contabilizó 460 casos a partir de las observaciones en manifestaciones y centros de salud más denuncias o comunicaciones, ya sea de las víctimas o testigos directos", sentenció.
