Desde el año pasado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha solicitado 252 veces el auxilio de la fuerza pública debido a la negativa de dueños de predios agrícolas de la Región del Biobío a limpiar fajas riesgosas y establecer cortafuegos, con el objetivo de prevenir incendios forestales.
Tras la crítica temporada anterior, que generó un Estado de Catástrofe durante los primeros meses de 2023, la SEC dispone de facultades para obligar a propietarios de terrenos a permitir labores de limpieza de fajas o el trabajo de cortafuegos, por parte del personal de Conaf y de empresas eléctricas.
"Es bastante clara la normativa: el dueño del suelo tiene prohibición de plantar, dejar crecer (vegetación) o construir bajo la línea, y la empresa eléctrica tiene un deber correctivo sobre esta situación", explicó el director regional de la SEC, Manuel Cartagena.
"En caso de detectar un riesgo, se deben requerir de la autoridad administrativa -en este caso, la Superintendencia- los apoyos y los auxilios de fuerza pública que se han estado cursando. Llevamos más de 252 acciones concretas de solicitudes de auxilio de fuerza pública, que se han tramitado con bastante celeridad por parte de las delegaciones", añadió Cartagena.
Fernando Sanhueza, gerente zonal de la empresa CGE, indicó que, en este marco, a las compañías eléctricas les corresponde "eliminar todos aquellos puntos de los sectores donde puede haber un riesgo para las instalaciones, producto de la cercanía a estos árboles".
La SEC implementó una campaña de concientización respecto al tema, ya que las negativas de los propietarios agrícolas al ingreso a sus terrenos suele obedecer al desconocimiento de la normativa o al temor a la pérdida de cosechas.
