"Es un proyecto bien intencionado", destacaron parlamentarios de diversos sectores sobre el anuncio realizado esta semana por el Gobierno, que ingresará un proyecto de ley que obligue a las personas a evacuar sus hogares en medio de emergencias, como las inundaciones vividas por los sistemas frontales de las últimas semanas.
La iniciativa fue confirmada el viernes por la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien resaltó la importancia de avanzar en una normativa que permita "establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y tener consecuencias para las personas que no lo hacen".
El Ejecutivo adelantó que enviará la ley al Congreso Nacional durante la primera semana de julio. De todos modos, en el Legislativo han valorado el objetivo de la propuesta.
El diputado Francisco Pulgar, integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara Baja, destacó que le parece "un proyecto de ley muy bien intencionado".
"Hemos conversado con miembros de nuestra comisión para que el paso por esta sea consensuado con Bomberos y con los distintos estamentos, para así llegar a un proyecto que sea adecuado y atienda las necesidades de las zonas urbanas, rurales y más australes", analizó el parlamentario.
Su par Jorge Rathgeb (RN) también destacó lo "bien intencionado" del proyecto, aunque advirtió que "no lo vamos a aprobar mientras no nos dé la seguridad de que en los lugares evacuados obligatoriamente haya resguardo, a fin de que las personas no pierdan sus bienes y su inversión de toda una vida".
MEDIO CENTENAR DE EVACUACIONES POR SISTEMA FRONTAL
La búsqueda de esta ley se da en medio de varias evacuaciones que se desarrollaron durante este último sistema frontal, las que en muchos casos fueron complicadas por la negativa de las personas a dejar sus viviendas.
Según información de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, desde el jueves hasta este domingo por la noche se habían activado un total de 50 mensajerías SAE para evacuaciones: 15 de ellas en la Región Metropolitana, 14 en el Biobío, 12 en O'Higgins y nueve en Valparaíso.
La directora nacional (s) del Senapred, Alicia Cebrián, remarcó que "la decisión de evacuar frente a cualquier amenaza se toma ante la inminencia de tener afectación a las personas; hoy día estamos hablando de desbordes, remociones en masa, pero también se producen esta estos procesos de evacuación frente a otras amenazas".
"Hemos vivido en estas últimas horas situaciones complejas en algunos lugares, donde en reiteradas ocasiones se le ha pedido a la gente que evacúe, esas evacuaciones han sido reforzadas a través de la mensajería SAE, y así y todo hay gente que se niega a evacuar, exponiéndose ella, pero también al personal que está apoyando esta situación", reprochó.
Las emergencias también han dejado 1.864 personas damnificadas, más de 3.200 aisladas y 11.319 viviendas con daños menores, así como cinco destruidas.
DESAFÍOS OPERATIVOS DE LA EVENTUAL LEY
La académica Natalia Silva, investigadora de la Facultad De Arquitectura y Urbanismo y coordinadora del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile, planteó que una de las "principales complicaciones" de la futura ley será "cómo se operacionaliza".
Aquello porque, "tomando el perímetro de seguridad, que es este instrumento que ya existe por ejemplo, y que ha tenido algunas complejidades de ser aplicado, esas complejidades justamente obedecen a los tiempos de tramitación, (que) requiere de un informe fundado, requiere de la autorización de quien preside los Cogrid regionales; hay harto trámite.
"Por lo tanto, hay algunos temas en cómo se operacionaliza esa restricción, esa evacuación; necesitarías prácticamente casi a todo un batallón, punto por punto, en toda la zona donde se ha decretado tanto el perímetro de evacuación o, con este nuevo proyecto de ley, esta zona de evacuación", complementó.
