El proyecto de ley del Ejecutivo contempla la separación en dos sistemas de admisión, lo que expertos ven con preocupación.
Arzola y Kast lideraron la ceremonia en La Moneda.
El Gobierno presentó uno de los proyectos de ley más emblemáticos de su agenda de campaña, y apelando a "la libertad" propone un nuevo sistema para el ingreso a los colegios, que opere en paralelo al SAE, pero enfocado en criterios de selección en manos de los establecimientos.
El Presidente José Antonio Kast afirmó que "este proyecto es tan importante porque permite reconocer al niño en sus aptitudes, en su mérito, y buscar a cada niño el proyecto educativo que lo llene, que lo haga feliz y que complemente la educación de sus padres. Permite al establecimiento valorar el mérito, valorar el compromiso de los padres con ese proyecto educativo".
Las modificaciones propuestas al Sistema de Admisión Escolar (SAE) -dijo La Moneda- "buscan devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos mediante un proceso de admisión que reconozca sus particularidades y circunstancias; restituir el reconocimiento del mérito como eje central de la admisión; y en tercer término, fortalecer la existencia de proyectos educativos diversos".
Kast también recalcó que "si algún establecimiento no desea participar en este sistema, podrá seguir participando en el sistema que tenemos hasta hoy día. Por eso decimos que es un sistema que opta por la libertad, la libertad del proyecto educativo, la libertad de los padres de elegir el proyecto educativo para sus hijos".
Según la ministra de Educación, María Paz Arzola, "cuando se diseñó el actual sistema de admisión, se instaló una desconfianza generalizada hacia los colegios. Con tal de impedir cualquier espacio para eventuales prácticas discriminatorias, se eliminó también cualquier margen para la toma de decisiones descentralizadas, oportunas y situadas. Hoy queremos restablecer la confianza; no pretendemos deshacer lo que existe. Tenemos un sistema de postulación que permite trazabilidad y transparencia y eso es algo que nosotros reconocemos y que pensamos que vale la pena reservar".
La reforma enviada al Parlamento establece dos fórmulas para acceder a la educación no superior, desde parvularia a media, lo que es considerado riesgoso por expertos, incluso no ligados a la oposición.
La idea del Gobierno es que convivan la Elección Mutua (EM), "de carácter voluntaria para establecimientos con sobredemanda, que permite utilizar criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios", y la Asignación Aleatoria (AA), "en que se mantiene el actual mecanismo de asignación centralizada".
Para el formato EM, se plantean como relevantes "elementos como adhesión al proyecto educativo, asistencia previa y rendimiento académico desde 7° básico, entre otros. Además, reserva cupos para estudiantes prioritarios según la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes".
Además, se "renombra" el SAE y su algoritmo, considerándolo "aleatorio", haciendo una clara referencia al concepto de "tómbola" y que dista de la forma en que realmente asigna cupos.
Para Alejandro Carrasco, investigador del Centro de Justicia Educacional UC, se crea "un nuevo subsistema de admisión escolar selectivo, que nunca la mesa técnica contempló. La mesa en 2025 propuso fórmulas para incorporar el rendimiento académico o ampliar la definición de hermanos, mediante una reformulación de los criterios de prioridad y otros mecanismos para subsanar los problemas identificados con el SAE, sin necesidad de desmantelar el sistema existente".
El profesional, que fue parte de esa instancia de análisis, recalcó que "la libertad de elección de las familias (la anunciada 'Elección Mutua' se tratará en verdad de la reincorporación de la selección. La última palabra para asignar un cupo no la tendrá ni la preferencia de una familia, ni un criterio de prioridad ni el azar o suerte que trata a todos como iguales, si no la voluntad de un establecimiento escolar".
Por su parte Trinidad Valdés, directora del Magíster en Educación de la Universidad de los Andes, apuntó que "aunque se entiende que la entrevista a apoderados busque, precisamente, fortalecer la adhesión al proyecto educativo de las familias, en la práctica es muy fácil que se preste para discriminaciones por nivel socioeconómico".
"Las políticas públicas se juegan, en gran medida, en su implementación, e incorporar el desempeño académico a partir de séptimo básico está lleno de problemas en esa área", advirtió.
Las opiniones desde la universidades Católica y De los Andes coinciden con las prevenciones que hizo en Cooperativa la investigadora senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre, quien fue enfática en que tener dos sistemas de admisión escolar es confuso y trae puros perjuicios.
Hoy en día, el SAE es el mismo sistema que opera con éxito en la educación superior, y que "respeta la autonomía de las instituciones" al tiempo que optimiza las preferencias de los postulantes de forma transparente, enfatizó.
