La Municipalidad de Santiago interpuso una demanda contra los apoderados de los cinco integrantes del Centro de Alumnos.
Estudiantes dicen que se busca "generar miedo", mientras que entre los padres hay visiones divididas.
El Instituto Nacional ha sido tomado varias veces este año por distintos motivos.
Ya lo habían anunciado y aplicado el año pasado: La política del "rompe paga" de la Municipalidad de Santiago se vuelve escuchar y los apoderados del Instituto Nacional podrían tener que pagar 2 millones 700 mil pesos por los destrozos tras la toma del recinto.
Este jueves, la municipalidad de Santiago interpuso una demanda civil contra los apoderados de los cinco integrantes del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN).
"Estamos abogando para que haya diálogo, como siempre lo hemos ofrecido, aquí y ahora. Como dijo en su momento el ex alumno (ex Presidente) Ricardo Lagos, esperemos que acojan esta solicitud", aseguró el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
"Yo no tengo ningún problema en juntarme el día viernes, en juntarme el fin de semana porque tenemos que avanzar hacia una educación pública de calidad, pero es un señal bien clara que aquí ya 'no más paga Moya', no se destruyen los colegios que son de todos y colegios con tanta tradición. Queremos ciertamente seguir fortificando la educación pública y no destruyéndola", agregó.
Estudiantes acusan intento de "generar miedo" y apoderados se dividen
Desde el CAIN, su presidente, Vicente Salinas, aseguró que "nos da la sensación de que esta política del rompe y paga tan solo busca ir a generar miedo entre las personas que se están movilizando".
Además agregó que el municipio se está centrando "en la discusión en torno al medio y no al fondo que es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa".
"Si nosotros cometemos algún daño la verdad es que nos hacemos cargo de él, entonces venir acá sancionando, intentando generar miedo entre las personas que se movilizan, nos hace mucho ruido", dijo Salinas.
Respecto a las razones, el dirigente aseguró que las razones del municipio son "para justificar su inactividad, en el fondo, y para justificar también todas las medidas represivas que están llevando a cabo".
En tanto, entre los apoderados hay visiones divididas aunque concuerdan en que el rol de los alumnos es "determinante".
Según el dirigente Omar Ibaceta, "es lamentable porque acá nosotros tenemos apoderados conocidos que nos han planteado que sus hijos están ingobernables y que se ven afectados por las acciones de sus hijos y dolorosamente tenemos que reconocer y aceptar una situación que claramente estaba advertida desde el año pasado".
En tanto, el también dirigente de los padres, Aquiles Herrera, fustigó que "lamentablemente hay un grupo de papás que también están apoyando a sus hijos en cosas que sabemos que la toma es un acto ilegal porque afectan un derecho que es legal, de los alumnos, de tener clases. Entonces esos papás lamentablemente están querellados y tendrán que responder de su peculio".
Además, el próximo viernes 22 de junio se tomará la decisión de si se cierra o no de forma anticipada el semestre.
