Alexis Ramírez argumentó que el proyecto busca "terminar con la discriminación".
Agregó que es tarea de la comunidad educativa enfrentar la medida como un desafío para un cambio cultural.
Según la OCDE Chile es uno de los países con más segregación en el mundo, sostuvo el superintendente Alexis Ramírez.
La puesta en marcha de la Ley de Inclusión abrió nuevamente un debate en el mundo de la educación, esta vez, el superintendente de la cartera, Alexis Ramírez, defendió la normativa que comenzará a regir a partir de este 1 de marzo.
La medida prohibirá a los colegios suspender a sus estudiantes por no presentarse con el uniforme del establecimiento o por no poseer los materiales de trabajo y a lo anterior se suma la negativa de expulsar a un alumno por presentar bajar calificaciones.
Todo ello, según el superintendente Ramírez, quien concedió una entrevista a La Tercera, busca "lograr la igualdad de oportunidades y evitar la segregación".
"Si un estudiante, por ejemplo, se presenta sin uniforme porque sus padres no tienen los medios económicos para adquirirlo, obviamente el sentido común indica que éste no puede ser sancionado", planteó al periódico.
Ramírez defendió la igualdad de oportunidades que, según la OCDE, actualmente el sistema chileno no entrega. En ese sentido, señaló que no ve la necesidad de modificar la normativa.
"No veo necesidad de modificación. Lo que está haciendo esta ley es hacerse cargo de uno de los diagnósticos más tristes que tenemos en materia de educación: ser uno de los países con más segregación de la OCDE y del mundo", explicó a La Tercera.
Argumenta que terminar con la discriminación "supone un cambio cultural y un desafío no sólo formativo", donde la responsabilidad recae en la comunidad y principalmente en los educadores.
Sin embargo, sostiene que a un alumno se le puede suspender cuando "altera gravemente el proceso educativo y la convivencia al interior de la sala de clases", a lo que agrega que existen reglamentos internos de cada establecimiento, los que deberán estar en conocimiento de los apoderados para que estén en conocimiento del proyecto educativo al cual pertenecerán, y que también exigirá la nueva Ley.
