Iniciativa comenzará a regir el martes 1 de marzo.
Con esta ley son 764 los establecimientos que pasarán a ser gratuitos, lo que beneficiará a unos 240 mil alumnos.
La ley modifica varios cuerpos legales y promueve grandes cambios en el sistema educativo.
El próximo martes 1 de marzo comenzará a regir la nueva Ley de Inclusión Escolar, que fue promulgada en mayo pasado por la Presidenta Michelle Bachelet, que modifica varios cuerpos legales y promueve grandes cambios en el sistema educativo.
La iniciativa establece, entre otras cosas, el principio de no discriminación arbitraria e inclusión y el principio de gratuidad progresiva en los establecimientos subvencionados que reciben aportes permanentes del Estado.
El cuerpo legal también señala que todos los recursos que reciba un sostenedor deben destinarse únicamente para los fines educativos descritos en la ley, impidiendo las operaciones entre partes relacionadas.
El secretario ejecutivo reforma educacional, Andrés Palma, explicó que "los establecimientos educacionales no podrán destinar los recursos que reciben del Estado más que a su propio proyecto educativo, es decir, todos los establecimientos, tengan copago o sean gratuitos, sean subvencionados o de administración delegada, sólo podrán destinar los recursos que aporta el Estado al proyecto educativo".
"Hay un cambio en la gestión de los establecimientos, porque ya no podrán sacar recursos de la educación para destinarlos a otras actividades si estos recursos los pone el Estado", añadió el ex parlamentario.
También se determinan nuevos requisitos para recibir la subvención escolar, como que el sostenedor debe estar constituido como persona jurídica sin fines de lucro, debe ser propietario del inmueble donde funcione el establecimiento y se deben establecer programas de apoyo para los estudiantes con un bajo rendimiento académico.
Procesos de admisión y otros temas
También se establecen derechos de los estudiantes respecto a su permanencia en los colegios y que los procesos de admisión deben ser transparentes, por lo que se prohíbe la petición de antecedentes socieconómicos a la familia del postulante y el nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres o apoderados.
La normativa instala un nuevo proceso de admisión por el cual los padres, madres o apoderados serán quienes decidan el establecimiento donde estudien sus hijos o pupilos y no al revés.
Asimismo se crea la subvención preferencial para alumnos preferentes, siendo estos los pertenecientes al tercer y cuarto quintil, cuyo monto equivale a la mitad de la que corresponde a los alumnos prioritarios de la SEP actual y aumenta el valor de la subvención y aportes que reciben los alumnos de la Ley de Subvención Escolar Preferente en un 20 por ciento.
Con esta ley son 764 los establecimientos que pasarán a ser gratuitos, lo que beneficiará a unos 240 mil jóvenes.
La implementación de la norma tiene un carácter gradual, lo que permitirá avanzar de manera responsable con los reglamentos que la componen y se espera el 93 por ciento de los alumnos de Chile estudien de manera gratuita.
Dudas por apariencia de los estudiantes
Sobre la apariencia de los estudiantes, la ley dictamina que los alumnos no podrán ser sancionados con expulsión o suspensión de clases por no cumplir, por ejemplo, con su uniforme, sin embargo, desde el Gobierno insistieron en que los reglamentos internos de cada establecimiento deben ser respetados.
La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, aclaró que "no es que los establecimientos puedan tener un reglamento interno, los establecimientos deben tener un reglamento interno, el que tiene que ser respetado por la comunidad".
"Las familias, al momento de adscribir a un establecimiento, tienen que estar en conocimiento, al menos, de dos elementos fundamentales: uno, el proyecto educativo; y dos, el reglamento interno", añadió.
En tanto, el superintendente de Educación, Alexis Ramírez, sostuvo que "a partir de la Ley de Inclusión se refuerza este criterio de que no se pueden aplicar medidas que signifiquen discriminación arbitraria".
"Respecto de personas que son estudiantes y son marginados por temas relacionados con su apariencia, los establecimientos tienen, si hay un acuerdo respecto del uniforme escolar, lo que se plantea es que ese acuerdo se respete", agregó Ramírez.
El superintendente concluyó que "si hay estudiantes que por alguna razón no pueden llegar, cumplir con esa definición que está en el reglamento y si el establecimiento conviene que eso amerita algún tipo de medida disciplinaria, la puede tomar".
Reacciones de los rectores de colegios
Guillermo Ávalos, director del Colegio Miguel Zambrano de Copiapó, recinto donde sus 320 alumnos de kínder a octavo básico estudiarán gratis, comentó que "el año pasado era una sociedad comercial. Ahora va a ser una entidad individual educativa, sin fines de lucro".
"Eso es lo que está preparando con todo el documento para que a partir del 1 de marzo también la escuela, esta persona jurídica, comience a recibir los beneficios que le competen y que tienen que ver con la gratuidad", manifestó.
En tanto, sobre la apariencia de los estudiantes, el director del Colegio Parroquial Padre Negro de Caldera, José Hernández, llamó a respetar la autonomía de las instituciones.
"Hay contradicciones. Por una parte, se nos dice que nosotros tenemos un proyecto educativo que va a ser respetado y, por otra parte, a veces la autoridad da indicios de que uno tiene que hacer lo que ellos estimen desde el nivel central, lo que nos parece irreal", indicó.
Agregó que "debiera la autoridad permanente estar hablando de que los proyectos educativos van a ser respetados siempre y cuando esto no atenta contra la legalidad. Eso sería todo, porque los niños se entusiasman con algunas cosas que no comprenden".
