El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, detalló que se busca generar un mecanismo de financiamiento "mucho más eficiente".
Asimismo, aseveró en la necesidad de modernizar la educación superior a través de políticas públicas.
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, comentó en Cooperativa el ingreso a comienzos del segundo semestre del proyecto de ley respecto a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y su modelo de financiamiento "autocontenido".
Ayer, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que el proyecto se presentará "antes de septiembre", propuesta que el subsecretario Orellana aclaró en Cooperativa que aún se sigue trabajando.
Pese a que no quiso adelantar muchos detalles del proyecto mismo, el subsecretario Orellana dijo en Lo Que Queda del Día que se busca "ofrecer una solución justa y progresiva a las y los deudores, pero tiene fundamentalmente el objetivo de modernizar el financiamiento a la educación superior para las personas que viene y el país que queremos construir hacia adelante".
En ese sentido, explicó que "el sistema de financiamiento que tenemos hoy día no es eficiente como nos gustaría y ha tenido muchos resultados no esperamos, lo que implica un gran desembolso de recursos público".
La propuesta, precisó, "va tener un mecanismo de financiamiento autocontenido, es decir, no vamos solicitar dinero de otras políticas públicas; todo lo contrario, esperamos con esto, a medio y largo plazo, disponer de recursos para las necesidades del país como, por ejemplo, la educación pública u otras materias".
"Esperamos construir un sistema de financiamiento mucho más eficiente", aseveró Orellana y agregó que se busca modernizar "una educación superior orientada al desarrollo del país".
"Me gustaría adelantar, que cuando se diseñó el CAE (2005), el legislador pensó en su momento que al octavo año de operación iba haber cerca de 30 mil y 50 mil créditos. En realidad, hubo 350 mil, es decir, hubo una expansión y un resultado no esperado de esta política", reparó.
Por ello, "una de las razones por las cuales hemos trabajado dos años en una propuesta es porque queremos hacerlo con mucho rigor técnico, queremos hacer un financiamiento autocontenido".
Por otro lado, el subsecretario Orellana se refirió al objetivo de modernizar la educación y así abordar la cantidad de técnicos y profesionales sin campo laboral luego de terminar sus estudios, lo que calificó como "un problema estructural".
"Lo cierto, es que si uno mira las cifras agregadas, la expansión de la educación superior en la que el CAE -como instrumento de financiamiento- fue central, corrió mucho más rápido que los cambios en la estructura ocupacional", indicó.
Y complementó que "el empleo en Chile para profesionales, técnicos y se ha mantenido más o menos estable durante los últimos 20 años y ha crecido solo marginalmente, es decir, hubo muchas personas que se vieron obligadas -no por ser incapaces y por ser personas con menores aptitudes en el mercado laboral- a buscar una inserción laboral en otro espacio respecto del que estudiaron, porque no había una solución de continuidad adecuada entre la oferta educativa y la necesidades productivas y socioproductivas del país".
"Por eso queremos modernizar la educación superior. Tenemos 1 millón 300 mil estudiantes, una educación superior masiva. Sin embargo, (por ejemplo) nos faltan programadores y técnicos para a industria minera, nos faltan programadores para el ámbito de la tecnología", señaló.
Por ello, recalcó que "es un problema estructural que debe ser abordado por una política pública, porque excede lo que cada persona por si sola puede resolver y amerita una solución de política pública que sea justa, progresiva, gradual y con responsabilidad fiscal".
También se refirió a las cifras presentadas por el Mineduc en 2023 respecto a la información del Servicio de Impuestos Interior, que apunta a que el 57% de las deudores del CAE en epata de pago registraron ingresos mensuales promedios menores a $750 mil, en relación a la operación renta 2022; mientras que solo un 15% tenía ingresos mayores a 1 millón 750 mil pesos.
"Cuando ves esas cifras, te das cuenta que evidentemente más allá de la conducta individual (de la persona), hay una situación que debe ser abordada en una política pública y que dicta bastante del resultado esperado inicial de esta política. Entonces, es importante tener este diagnóstico", concluyó.
