La Comisión de Educación del Senado sesionó esta tarde para revisar el estado de avance del acuerdo logrado el mes pasado con el Gobierno sobre el rol de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), a propósito de la crisis en Atacama, que permitió destrabar la ley de Presupuesto 2024.
El protocolo considera una "pausa activa" en el proceso de traspaso de los establecimientos educacionales desde los municipios de 37 comunas a seis nuevos SLEP, cuyo inicio está contemplado para el 1 de enero próximo: los de Iquique, Licancabur (Región de Antofagasta), Maule Costa, Punilla Cordillera (Ñuble), Aysén y Magallanes.
De esa manera, permite al Ministerio de Educación frenar el proceso si evalúa que alguno de los nuevos servicios no está en condiciones para iniciar, a fin de evitar una crisis como la del SLEP de Atacama, que provocó un paro docente que superó los 80 días.
En la comisión del Senado, el ministro Nicolás Cataldo (PC) confirmó que la próxima enviará a esa instancia y la de la Cámara Baja el informe fundado con aquella decisión.
"Se ha visualizado el estado de avance y los criterios de evaluación de los diferentes procesos críticos del manual de instalación de Servicios Locales. Hablamos de temas de los concursos, las condiciones de habitabilidad o infraestructura para el funcionamiento, simulaciones de los procesos remuneratorios, para comunicar la definición de traspasos", sostuvo.
Los SLEP fueron creados a partir de la ley de nueva educación pública, en vigor desde 2017. Actualmente existen 27 a nivel nacional: 11 de ellos ya están administrando establecimientos traspasados desde los municipios, los seis referidos debieran comenzar el proceso en 2024 y está programado que en otros 10 ocurra a partir del 2025.
Sobre los seis servicios previstos para el 1 de enero, la senadora Yasna Provoste (DC), integrante de la comisión y representante por Atacama, aseguró que "a día de hoy, no hay ninguno que esté en esas condiciones, ninguno".
"Por eso tenemos harto interés en conocer el informe fundado", en el que el Gobierno deberá explicar por qué eventualmente decidiría continuar con el proceso, "a pesar de que el Congreso dice que no hay que seguir adelante los traspasos, que hay que colocar la energía en arreglar los 11 servicios que hoy funcionan a medio morir saltando", remarcó.
