La norma N°1086, firmada en la dictadura, regula las movilizaciones callejeras.
Permite coartar al derecho entregado por la Constitución para protestar.
Tras la reunión de este miércoles entre el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, los dirigentes del movimiento estudiantil y los profesores ratificaron la doble marcha para este jueves en Santiago.
Así, la negativa de La Moneda a autorizar estas manifestaciones y reflotó la discusión sobre el Decreto Supremo N°1086, que permite la disolución de movilizaciones que no tengan el correspondiente permiso de las autoridades.
Tras el discurso del Presidente Piñera en julio pasado anunciando el GANE, un grupo de estudiantes que se manifestaba pacíficamente en el frontis del Mineduc fue disuelto por Carabineros, pese a que no se realizaban desmanes ni desórdenes, y la policía defendió su actuar en el DS 1086.
El citado decreto, dictado en el año 1983 en plena dictadura, señala en su primer artículo que "las personas que deseen reunirse podrán hacerlo pacíficamente, sin permiso previo de la autoridad, siempre que ello sea sin armas".
Sin embargo, en su artículo segundo pone como requisito para las manifestaciones contar con una autorización previa de la autoridad (la intendencia o gobernación), pasando por sobre el derecho que otorga la Constitución en su artículo 19 N° 13 "a la reunión pacífica de las personas sin previo aviso y sin armas".
La norma otorga amplias facultades además a las autoridades para disolver estas manifestaciones, y para negar su autorización, tal como lo señaló en la víspera el ministro Hinzpeter.
En tanto, el Instituto Igualdad realizó un análisis del cuestionado decreto, asegurando que se trata de una norma incostitucional.
