El Colegio de Profesores y estudiantes secundarios acusaron una "operación castigo" de parte de los alcaldes a quienes participaron en las tomas de colegios en comunas emblemáticas, ante las masivas cancelaciones de matrículas.
De acuerdo a las cifras que manejan, son unas 500 las que han sido canceladas en Santiago, Nuñoa y Providencia, y ante esto, Silvia Valdivia, del Colegio de Profesores, estimó que son las comunas dirigidas por la derecha las más afectadas.
"Aquí está claro que en las alcaldías de Sabat, Zalaquett y Labbé es donde ha sido la mayor operación castigo de estas movilizaciones. No es la movilización sólo en estas comunas, ha sido a lo largo del país, pero precisamente es donde están estos alcaldes y otros alcaldes de derecha donde se ha dado este castigo a los jóvenes", comentó Valdivia.
Según Danae Díaz, vocera del liceo Carmela Carvajal, la cancelación de su matrícula se justificó "por haber participado en una movilización en la universidad Andrés Bello" pero "claramente esto se debe a una infundada 'ley del terror' dentro de los liceos" y "una clara intención de generar persecución política y descabezar los movimientos dentro de los colegios".
Los municipios también reaccionaron a las acusaciones: en Santiago Violeta Castillo, directora del área de Educación de la comuna, dijo que los liceos han mantenido su matrícula; en Providencia, en tanto, su alcalde Cristián Labbé -antes de partir de vacaciones- dijo que no se desgastarán en discusiones "cosas que el reglamento y la ley y el manual de convivencia de los colegios establece clarísimamente".
Respaldo universitario y de apoderadosLos universitarios respaldaron la demanda secundaria y desde la Confech aseguraron que apoyarán a quienes estén en esta situación: para el timonel FECh, Gabriel Boric, "estamos dispuestos y queremos prestar colaboración".
"Al final del día (esto) se puede disfrazar de muchos tecnicismos, pero no es más que persecución política, porque los que están siendo expulsados son la gente que participó en las movilizaciones", comentó Boric.
Por su parte, Dafne Concha, de la Coordinadora de Padres y Apoderados, manifestó que "lo que se quiere hacer acá es castigar a los estudiantes (...) para que no nos volvamos a movilizar", que "sería lo peor que le podría pasar al movimiento".