El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, declaró ante en la comisión investigadora que revisa el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial.
Entregó cifras y que, entre corporaciones, municipios y un colegio particular subvencionado, suman 32 las querellas que se han presentado por malversación de fondos y por un monto superior a 13 mil millones de pesos.
De Antofagasta a Punta Arenas son las querellas presentadas. Varias de estas investigaciones ya fueron cerradas por el Ministerio Público, quien decidió no perseverar en los procedimientos. Del resto no hay precisión de cargos, por los que el CDE espera que en el marco de la investigación esta situación vaya cambiando y avanzando, porque hay antecedentes suficientes -según Piña- para formalizar imputados.
"El CDE ha presentado 32 querellas a esta altura luego de los informes recibidos de Contraloría. Eso significa que si bien el contralor ha indicado que aquí ha habido muchísimo desorden, más allá del desorden que ha habido en la utilización de los recursos, en varios episodios no solo ha habido desorden sino que directamente la comisión de delitos", manifestó.
Piña agregó que "sea de malversación de caudales públicos, algunas hipótesis de fraude al Fisco, aplicación pública diferente. Y la verdad es que respecto de 32 de estos hechos, el Consejo ha presentado querellas que están actualmente tramitándose e investigándose por parte del Ministerio Público".
"El gran problema es que el desorden es la creación de espacios para la eventual comisión de delitos y ese es el gran problema que tiene un desorden administrativo en que están involucrados recursos públicos", expresó el presidente del CDE.
Ampliar investigación de la Contraloría
La diputada comunista Camila Vallejo dijo que son argumentos suficientes para ampliar la investigación a los particulares subvencionados.
"Demuestra la necesidad de revisar la ley, porque no es una mala política pero tiene problemas por el mal uso que está teniendo y debiese ser revisada o perfeccionada", declaró.
La idea fue rechazada de manera unánime por la oposición. La diputado UDI María José Hoffman calificó de populista la idea de Vallejo: "No me parece que la Contraloría, que regula los cargos, la legalidad de los actos del Estado, tenga que entrometerse en aspectos".
"Esto porque da para abrir en muchos aspectos en otros ámbitos y no va a dar abasto. Fortalezcamos las instituciones que nos hemos dado y si hay que darle mayor facultad a la superintendencia, hagámoslo, pero hoy la Contraloría ha cumplido un muy buen rol con resguardar los recursos públicos de los actos del Estado pero me parece que para eso tenemos institucionalidades que hay que respetar y que hay que apoyarlas en el tiempo", declaró.
Hoffman añadió que "ampliar (las facultades) de la Contraloría no tiene ningún sentido y es populismo puro".
