La Superintendencia de Educación Superior (SES) instruyó un proceso administrativo sancionatorio en contra de la Universidad de los Andes por la muerte de Catalina Cayazaya, estudiante de terapia ocupacional que se quitó la vida el 16 de marzo pasado debido a hostigamientos en su internado, según denuncia la familia y cercanos.
A través de redes sociales, la madre de la fallecida, Carolina Cors, reveló que la SES estableció que Catalina enfrentó "situaciones de hostigamiento y maltrato" por parte de funcionarias de la casa de estudios y que, además, existieron faltas de aplicación de normativa interna de la institución.
Según informó La Tercera este lunes, la resolución de 80 páginas detalla parte de los hechos anteriores y posteriores al día en que la joven murió, dando cuenta de situaciones en que se denunció hostigamiento y las pocas respuestas que entregó la universidad.
Nula respuesta de la casa de estudios
Una de las situaciones que destaca el informe es la ocurrida el 30 de septiembre de 2022, cuando un grupo de estudiantes de terapia ocupacional -incluida Cayazaya- piden una reunión para dar cuenta de "las situaciones de maltrato" que habían vivido en sus campos clínicos, algo que ya estaba en conocimiento de algunas autoridades de la escuela.
Pese a esto, "no hubo acciones tendientes a esclarecer los hechos por parte de quienes fueron informadas de las situaciones; en lugar de ello, en algunos casos, se atribuyó la situación a la estudiante o los hechos fueron minimizados al solicitar a la estudiante que 'aguantara' porque quedaba poco".
Por el contrario, se acusa que "las autoridades indicaron a las estudiantes que sus dichos tenían el carácter de injurias, informándoles que ello podía ser objeto de sanciones", por lo que las afectadas "sintieron falta de apoyo y de atención, ya que las autoridades de la Escuela relativizaron o no les creyeron los hechos y también sintieron miedo porque podían verse perjudicadas por lo planteado a las autoridades".
De todas maneras, Catalina envió su testimonio de las situaciones vividas en el Hogar Español, algo que no fue abordado el 6 de octubre de 2022 en la sesión del Consejo de Escuela de terapia ocipacional y del que tampoco se inició investigación tendiente a esclarecer los hechos ni se abrió un proceso para determinar la efectividad de los mismos.
Lo que sí se realizó durante dicha sesión fue "validar la línea de acción de las asistentes de la reunión por Zoom, en el sentido de sancionar a dos estudiantes (por supuestas denuncias infundadas), lo que se realizó sin un proceso disciplinario previo".
La SES dio cuenta también que el Consejo de la Facultad de Medicina tomó conocimiento de la situación, "avalando lo realizado por las autoridades de la Escuela de Terapia Ocupacional (...), por lo que no estimó necesario realizar acciones tendientes a esclarecer los hechos denunciados y "validando las amonestaciones a estudiantes que hayan hecho acusaciones falsas".
"Los antecedentes recabados sobre lo ocurrido luego de la reunión colectiva permiten establecer que, en las reuniones individuales de las estudiantes, las autoridades de la Escuela no escucharon las experiencias de maltrato de las estudiantes, sino que insistieron en la actitud de reprimenda y advertencia de los problemas que les traería en caso de injuriar a docentes de los campos clínicos, dando por sentado que las denuncias eran infundadas o falsas", acusa el informe, según consignó La Tercera.
Las denuncias por la rotación en Pepikan
El documento aborda también la rotación a modo de práctica que tuvo Catalina Cayazaya en el centro Pepikan, revelando que Javiera Court (una de las coordinadoras de prácticas) le envió un mail a la afectada comunicando que había bajado su nota de desempeño, situación que se enmarca en las constantes actitudes hostiles que recibó.
Estos hechos generaron que a fines del 2023 Cayazaya anunciara a su escuela la intención de congelar sus estudios "por trastorno anímico grave, con ideas de muerte".
"Las autoridades de la Escuela de Terapia Ocupacional no tomaron acciones respecto de las irregularidades detectadas en la rotación de Pepikan. Tampoco consta que el vicedecano de Medicina, que estaba en conocimiento de esa situación, haya escalado la información a autoridades superiores", detalla el documento.
Cayazaya se encontraba matriculada para estudiar en 2024, pero se quitó la vida el 16 de marzo, dejando una nota para su madre, quien arremetió contra la casa de estudios y la acusó de "falta de respuesta oportuna" para con su hija.
Las sanciones internas a las involucradas
La Tercera informó también que "es posible establecer que la Universidad de Los Andes dio inicio a una investigación interna 'sólo una vez que el suicidio de Catalina fue difundido por redes sociales y la situación fue consultada por la superintendencia'".
Tras la carta de la mamá de Catalina -el 2 de abril- exponiendo la experiencia de su hija en la universidad, la SES solicitó información a la casa educativa, que en paralelo olicitó una investigación interna.
Dicha investigación concluyó con la aplicación de sanciones para diversos funcionarios involucrados: Valeria Zamora (inhabilitación temporal por 10 años para ejercer cargos directivos y de gestión en la universidad y clínica de la U. de los Andes y amonestación con copia a la Dirección del Trabajo, DT) y Paola Manghi (sanción equivalente).
A estas se sumó Javiera Court, quien recibió la inhabilitación temporal para ser docente de Prácticas por 5 años desde la imposición de la medida, y a quien también se le detectaron "irregularidades" en la evaluación de desempeño de Cayazaya, al modificarla.
Finalmente, se encomendó dejar sin efecto las sanciones a las alumnas y poner término al convenio con el Hogar Español y a la relación con Pepikan.
