El sistema es "ingenuo" porque supone que las universidades sólo buscan educar, dijo el abogado Fernando Atria.
"Hay que crear las condiciones para que eso sea verdad", señaló a Cooperativa.
El abogado Fernando Atria, autor del libro "La mala educación: Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile", afirmó a Cooperativa que el origen del escándalo por el que hoy atraviesa la Comisión Nacional de Educación -cuyo ex presidente Luis Eugenio Díaz está preso por presunto soborno- responde a la ilegal búsqueda de lucro por parte de las universidades y a la vista gorda que hace el Estado respecto de ésta.
"Este caso ha suscitado una discusión más amplia sobre el sistema de acreditación por la manera como el sistema de acreditación está pensando, la filosofía que inspira al sistema, que tiene problemas", dijo Atria a Una Nueva Mañana.
"Para ser bien pensado, el sistema es ingenuo, porque no toma en cuenta el hecho de que alguna universidad puede tener la finalidad de ser rentable para sus dueños" en su funcionamiento, dijo.
"La regulación supone que toda universidad tiene una finalidad principal, que es ser la mejor universidad que puede llegar a ser, y no tiene otras finalidades, porque no tiene lucro; como la ley sostiene que las universidades no tienen fines de lucro, el sistema de acreditación se construye sobre eso, donde la cuestión principal es –por así decirlo- ayudarla a mejorar, servirle como una especie de asesor", expuso Atria.
La acreditación "no dice mucho"
Es por esto que "si uno va a la caracterización legal de lo que la Comisión debe hacer, se encuentra con que lo central en el proceso de acreditación es el proyecto de desarrollo institucional propio de la universidad, y la cuestión central sobre la que se pronuncia (la CNA) es si los procedimientos internos de la universidad están a tono con ese proyecto", advirtió el abogado.
A diferencia de lo que se cree, "la acreditación no depende de la satisfacción de ciertos estándares (externos); el estándar para evaluar es el propio proyecto institucional", apuntó.
En este sentido, "la acreditación no asegura una vinculación con la calidad y por ello su utilidad es bien limitada al transmitir la información que quiere transmitir a los estudiantes. La información sobre acreditación no dice mucho sobre el tipo de universidad que es" cada una.
Por supuesto, "si la universidad persigue fines adicionales a los propiamente universitarios, no hay ninguna garantía de que su proyecto institucional va a ser el mejor que pueden tener. Puede ser un proyecto destinado a ser más rentable", por ejemplo.
Los cambios necesarios
El letrado destacó además que "las condiciones para el funcionamiento de una universidad en Chile son hoy muy bajas, y como son bajas, hay muchas universidades que tienen estándares bajos y (legalmente) funcionan".
"La ley no les exige estándares más altos y confía en que ellas solas van a desarrollar estándares más altos", pero la imposición de normas de calidad también es una materia compleja.
"Yo tiendo a ser bien escéptico de que uno pueda establecer de antemano ciertos 'criterios formales' que las instituciones tengan que satisfacer para poder tener calidad. Yo creo que la cuestión tiene que funcionar al revés: hay que crear condiciones para que esto que en la ley hoy día es ingenuidad –que la ley asume que las universidades no tienen otra finalidad que ser buenas universidades- sea verdad", argumentó.
"Por esto yo creo que lo que está detrás de toda esta discusión sobre la acreditación -aunque no aparece todo el tiempo en primer lugar- es el problema de la educación provista con ánimo de lucro, porque el que provee con ánimo de lucro no tiene un principal interés por la calidad de lo que provee; ése es un interés secundario", finalizó el experto.
