La máxima autoridad de la U. de Chile se sumó al debate sobre el proyecto que pone fin al CAE, que aún tiene "cabos sueltos e interrogantes", y pidió que "se proteja a las instituciones".
La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, se sumó al debate público sobre el proyecto de ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), y planteó que el componente del arancel regulado supone un "riesgo a mediano y largo plazo" para las instituciones de educación superior.
"Hay más bien interrogantes que una gran pérdida en este momento. Tiene cabos sueltos el proyecto, tanto en la recaudación como en cómo se van a definir estos aranceles, y qué es lo que va a estar regulado", apuntó la académica en La Tercera.
En ese sentido, dijo esperar que éstos sean "ajustados a los costos", pero advirtió que "hay carreras donde son bien difíciles de ajustar de acuerdo con indicadores comunes", como las del ámbito de la salud.
"Si los aranceles regulados, por ejemplo -que el 65% no se ha definido- resultan estar muy por debajo del costo de una universidad compleja como la Universidad de Chile, claro que puede ser detrimental (perjudicial), sin ninguna duda", puntualizó.
La propuesta del Gobierno, que también pone fin al CAE y ofrece soluciones a los deudores actuales, establece que los universitarios con el futuro sistema de financiamiento no pagarán nada mientras estudien y sólo deberán retribuir cuando ingresen al mundo laboral; salvo aquellos que estén dentro del 10% de mayores ingresos en el país, respecto de quienes sí se permitirá el cobro un copago sobre el arancel regulado.
Devés valoró que con ese mecanismo las universidades recibirían los recursos de manera directa y sin morosidad. Sin embargo, a nivel de platas todo dependerá de cómo se fijen los aranceles: "Es riesgoso, eso hay que decirlo con toda honestidad. En el largo plazo, ¿quién va a ser la comisión que los va a definir y con qué criterio? Hay un riesgo en el largo plazo, y en el mediano incluso. Uno podría estar tranquilo en el corto plazo, si los cálculos son los que deben ser, pero también hay un riesgo hacia adelante".
Además, cuestionó que "la apuesta y el recurso para financiar la educación superior se está colocando en los aranceles de pregrado", pese a que "las universidades son mucho más que eso, ese es el grave problema a nivel estratégico país". Por ello, pidió que también "se proteja a las instituciones".
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ejercía como director de Presupuestos (Dipres) en 2002 cuando el entonces Gobierno de Ricardo Lagos Escobar propuso la creación del Crédito con Aval del Estado. En esa labor, fue el encargado de elaborar el respectivo informe financiero que, analizan expertos en la actualidad, subestimó el impacto fiscal del instrumento de financiamiento universitario.
El informe estimaba que para el año 2015, "y suponiendo un escenario en que la cobertura de este sistema fuera de un 25% y la morosidad de los estudiantes respecto de sus créditos fuera de un 30%, el costo fiscal anual de honrar estas garantías sería de 12.593 millones de pesos de 2002".
Al valor ajustado de 2023, corresponderían a 27.828 millones de pesos. "Tenía buenas intenciones, como aquella que los créditos los iba a comprar el Estado y luego los vendería en el mercado a través de bonos securitizados. (Pero) no fue viable políticamente y el costo de eso fueron 481.036 millones de pesos anuales (adicionales) respecto del IF original", expuso Matías Acevedo, director de Presupuestos en Piñera II, quien realizó un informe comparativo con la estimación oroginal y el costo real, en El Mercurio.
