La acción fue solicitada por el fiscal Carlos Gajardo.
Impedirá a Luis Eugenio Díaz hacer uso de 190 millones de pesos de presunto origen ilícito.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó congelar millonarios fondos que poseían en distintas cuentas corrientes en cinco bancos los tres imputados del caso lucro que están en prisión preventiva desde el pasado 30 de noviembre: el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación Luis Eugenio Díaz y los ex rectores Héctor Zúñiga (Universidad del Mar) y Ángel Maulén (Universidad Pedro de Valdivia).
La acción se adoptó tras haber decretado el levantamiento del secreto bancario respecto de los tres imputados por petición del fiscal Carlos Gajardo, que lleva la causa.
La medida apuntaba a "evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de bienes provenientes de la comisión de los ilícitos de cohecho y otros de corrupción pública y de aquéllos que configuran el objeto material del delito de lavado de dinero", consigna el escrito que envió Gajardo esta semana al Tribunal, que fue resuelto ayer y conocido el día de hoy.
Gajardo pidió ya a la Corte que oficie a los bancos BCI, de Chile, Corpbanca, Itaú y Santander para que hagan efectivo el congelamiento.
Esto impedirá a Díaz hacer uso de 190 millones de pesos en cuentas en los bancos BCI y de Chile ("atendida la recepción de un cohecho ascendiente a 95 millones"), a Héctir Zúñiga utilizar 90 millones en Corpbanca, Itaú y Santander ("por presunto pago de un soborno de 45 millones") y a Maulén acceder a 100 millones guardados en el Banco Santander (por el pago de un soborno de 50 millones).
La decisión afecta también a María Rodríguez Pérez, esposa de Díaz, quien convirtió varios millones de pesos en fondos mutuos que hoy administra el Banco BCI.
También versa sobre la sociedad Gestión, una "empresa fantasma" a través de la que Díaz recepcionó dineros obtenidos a través de las falsas asesorías que efectuó para las universidades mencionadas, según la Fiscalía.
CDE apoya la acción
El abogado Rodrigo Reyes, que representa al Consejo de Defensa del Estado (querellante en la causa), manifestó a Cooperativa su respaldo ante la acción de la Fiscalía.
"Siempre es importante precaver una eventual indemnización o, más bien, los perjuicios que pudieren derivar de la comisión de estos ilíticos. En ese sentido, el Consejo por supuesto que apoya una medida de este tipo", dijo Reyes.
"Cuando se trata de un delito de lavado de activos (éstos) debieran estar invertidos en diferentes sociedades, en diferentes instrumentos, y entiendo que ése ha sido el camino (la tesis) por el cual ha optado el fiscal Gajardo", dijo el letrado.
Defensas acusan "fin estratégico"
En la otra vereda, el defensor de Ángel Maulén, Gabriel Zaliasnik, alegó que el recurso sólo "demuestra que la Fiscalía se esmera en inflar el contorno del caso".
La imputación se basa, "en definitiva, en supuestos cohechos por sumas cercanas a los 40 o 50 millones de pesos y, entonces, el (delito de) lavado de activos que artificialmente construyen se refiere a esos montos".
La acción "desnuda la debilidad del caso que tiene la Fiscalía, que estamos seguros que se va a caer estrepitosamente", sentenció el ex presidente de la Comunidad Judía de Chile.
Su colega, Juan Carlos Manríquez, defensor de Zúñiga, consideró que "resoluciones de este tipo lo único que hacen es alterar las reglas del juego, desequilibrar la igualdad de armas y, por otro lado, generar un ambiente sobre la causa que en verdad no tiene".
"Yo pienso que es netamente un fin táctico, estratégico. La Fiscalía sabe, en el fondo, que no tiene razón si esto se disputa en un juicio oral", según Manríquez.
Fuera de micrófono, el abogado de Díaz, Nureldín Hermosilla, dijo a Cooperativa que prefiría no comentar lo resuelto por el juzgado, aunque, al igual que sus colegas, señaló que evalúa recurrir en los próximos días a tribunales superiores contra la medida precautoria.
