La empresa presentará recién a fines de año el estudio de impacto ambiental de esta parte de proyecto.
En paralelo, los opositores se preparan para acudir a instancias internacionales.
Tras la "luz verde" que dio la semana pasada la Corte Suprema a la construcción de las cinco represas que contempla el megaproyecto energético de HidroAysén, salta al tapete con mayor fuerza la fase referida a los más de 2.000 kilómetros de líneas de transmisión de energía desde la Patagonia hacia el resto del país, sobre el cual la empresa todavía está desarrollando un estudio para ser presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para Sergio Montenegro, director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, esta fase del proceso de tramitación de HidroAysén puede ser tan larga como su antecesora y llegar incluso a trabar el proyecto.
"También eso probablemente va a demorar y entrabar en definitiva la aprobación final del proyecto", ya que "la línea de transmisión pasa por una cantidad bastante considerable de predios, y la misma legislación establece un sistema que da margen a un procedimiento de oposición, de trámite ante Tribunales", señaló Montenegro.
"Si se suman los dos mil y tantos predios por los que va a pasar esta línea, va a ser un proceso -también- bastante complejo", dijo Montenegro.
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| Desde la firma dicen seguir trabajando más allá de "las amenazas de Patagonia Sin Represas". (Foto: UPI) |
El gerente legal de HidroAysén, Camilo Charme, dijo que la empresa tiene "pensando de aquí a final de año presentar el estudio de impacto ambiental", mientras está resignada a tener que soportar las "amenazas" de los opositores.
"Ellos se están acostumbrando a hacer algo que nosotros no podemos impedir, que es amenazar, amenazar y amenazar constantemente. Nosotros nos hemos acostumbrado a las amenazas de la plataforma 'Patagonia Sin Represas' y seguimos trabajando" simplemente, indicó el ejecutivo.
Desde la vereda contraria, las agrupaciones ambientalistas ya trabajan en la elaboración de los anunciados recursos ante organismos internacionales para impugnar el proyecto.
"Nosotros estamos estudiando con bastante detalle el fallo (de la Corte Suprema). Lo que más nos importa desde el punto de vista práctico es que efectivamente el voto de minoría da cuenta de una serie ilegalidades que implicaría la aprobación del proyecto, por lo tanto, dependiendo de las garantías constitucionales o derechos humanos que han sido violados en este fallo vamos a acudir ya sea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también al Tratado de Cooperación Ambiental de Chile con Canadá", dijo Marcelo Castillo, abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia.
Los estatutos dan un plazo de seis meses para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tras analizar el caso puede dar recomendaciones al Estado para solucionar el problema. Si éstas no se son satisfactorias para los demandantes se pasa a la siguiente instancia, un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos que puede extenderse por más de dos año.
Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, aclara que los órganos internacionales "no pueden parar el proyecto, pero sí puede ordenar al Estado tomar ciertas medidas", como pedirle cautelarmente que se detenga mientras dure el juicio. Sin emabrgo, no hay precedentes de este tipo.
Luego, "si no hubiera cumplimiento, un acatamiento del fallo" de la CIDH, tampoco "tenemos la posibilidad de sanciones adicionales, lo único que ahí está en riesgo es la imagen internacional del Estado, por no cumplir" las disposiciones, entre las que se pueden solicitar "indemnizaciones, cambio de leyes y medidas de satisfacción como disculpas públicas del Estado, por ejemplo", indicó.
