Las trabajadoras apuntaron al titular del servicio de la región de Aysén, Nicolás Terrazas.
La presentación se efectuó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Funcionarias de seremi de Vivienda de Aysén presentaron antecedentes sobre presuntas irregularidades que habría cometido el titular de ese servicio, Nicolás Terrazas, en el marco del polémico proyecto HidroAysén, en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Susana Niccodemi y Natasha Pot expusieron una serie de hechos que inculpan a Terrazas por cambiar los informes y la evaluación ambiental de la entidad a favor de la aprobación de las megarepresas en la Patagonia.
Según los relatos de las funcionarias de la secretaria ministerial, Fernando Miranda -quien fue evaluador desde 2008 del proyecto- fue presionado por Terrazas para modificar algunos de los puntos del informe final, y junto con ello, la resolución pasó de ser "insuficiente" a "conforme" para la instalación de las cinco centrales hidroeléctricas que contempla el proyecto.
Niccodemi encargada de oficina de partes de la seremi de Vivienda de Aysén dijo que no puede dar fe de todos los hechos que conforman la denuncia contra Terrazas, pero aseguró que es testigo clave del cambio de informes.
"Aquí lo que estábamos expresando es que hubo voluntad de un pronunciamiento y que después esa voluntad se cambió en la tarde. Los temas técnicos, como se hizo, o que llamadas hubo yo no puedo dar fe, porque expuse lo que vi", señaló la funcionaria.
A su vez, Natasha Pot (arquitecto, analista de desarrollo urbano) corroboró lo manifestado por Miranda.
La funcionaria afirmó que Terrazas, pese a estar inhabilitado en el caso por un vínculo familiar con el proyecto hidroeléctrico, participó durante todo el proceso: en reuniones directas con ejecutivos de HidroAysén, para analizar las observaciones de la seremi a la propuesta; en definiciones estratégicas respecto del tema; y en la redacción del informe que se presentara ante el sistema de evaluación, que señalaba que se estaba conforme con lo requerido.
Reacción de parlamentarios
La diputada PPD Cristina Girardi se refirió a las acusaciones de las funcionarias como un testimonio que pone en duda el funcionamiento de las instituciones gubernamentales en nuestro país.
"Si eso no es irregular, yo no sé que es lo que es irregular. Aquí hay servicios como la Seremi de Vivienda, Conaf que también tenemos declaraciones que ha habido situaciones similares. Si efectivamente es así, en este país la ley vale nada", señaló.
El presidente de la comisión, Sergio Ojeda (DC), anunció que se solicitará un oficio para impedir cualquier tipo de obstrucción a los funcionarios públicos que declaren frente a la comisión de Derechos Humasno bajo el amparo de no perder sus trabajos.
La comisión tiene 90 días de plazo para investigar y emitir una resolución sobre el motivo de la denuncia contra el seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas.
