El gerente de operaciones de Hidroaysén, Michel Moure, exigió a la organización Patagonia Sin Represas que "se haga responsable por el clima de violencia que ha creado en la región".
Los dichos de Moure se produjeron tras acudir a la Fiscalía de Coyhaique para denunciar el ataque que sufrió en la madrugada de este viernes la casa de una colaboradora de la compañía que, según un comunicado de la empresa, fue un "intento de agresión y daños a la propiedad".
Al mismo tiempo, Moure criticó "las numerosas amenazas y amedrentamientos de los cuales han sido objetos los funcionarios públicos".
"No podemos permitir que, en un país donde rige un estado de Derecho, personas anónimas actúen impunemente. En este país hay leyes que todos debemos respetar, tanto para la tramitación de un proyecto ambiental como para velar por la seguridad de las personas", aseveró.
Moure además solicitó al Ministerio Público la implementación de medidas cautelares que "garanticen la seguridad de los trabajadores de la compañía energética".
Respuesta de los ambientalistas
Tras conocer los dichos de Moure, la coalición ciudadana Aysén Reserva de Vida salió a desmentir las declaraciones del gerente de Hidroaysén poniendo de manifiesto que podría ser una "acción que buscaría enturbiar el legítimo movimiento ciudadano".
En un comunicado de prensa, la ONG enfatizó que "solidarizamos con ella (la trabajadora afectada) y expresamos que no compartimos la violencia como herramienta bajo ninguna circunstancia ni con ninguna motivación", pidiendo así que no se saquen "conclusiones apresuradas".
"Hacemos un llamado a que se investigue a fondo esta situación, ya que así como hay quienes podrían pensar que los autores serían simpatizantes del movimiento ciudadano Patagonia sin Represas (...) también sería posible estimar que se trate de una acción que buscaría enturbiar el legítimo movimiento ciudadano", sostuvo la ONG.
Finalmente, la organización informó que presentaron ante el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas y al Consejo de Etica de la Federación de Medios una denuncia contra El Mercurio y sus periodistas por el "proceso de criminalización del movimiento social iniciado la semana pasada con tendenciosas notas de prensa".