Fernández Larios justificó actuar de la Caravana de la Muerte en Copiapó

Armando Fernández Larios, quien enfrenta una demanda civil presentada por la familia de Winston Cabello, una de las víctimas, contestó este viernes a las preguntas de los abogados de la parte demandante y afirmó que no había estado presente durante la muerte de las 17 personas. Enfatizó que a la fecha él era teniente segundo y que el comandante de la unidad era el general Sergio Arellano Stark. Afirmó además a la parte demandante que le era muy difícil recordar 30 años después los sucesos y que con su grado militar sólo se limitaba a cumplir órdenes. "Yo no soy la persona que le puede decir quién era el responsable de esas muertes", dijo Fernández Larios, agregando que no participó en las reuniones de oficiales que tomaban decisiones de actuación del escuadrón. Al ser consultado sobre cuándo se enteró de que los detenidos eran ejecutados durante las batidas del escuadrón respondió: "quizás ese mismo día, tal vez el segundo o el tercer día después". Insistió en decir que él era un soldado en un escenario que era presentado como una guerra. "Estábamos en guerra, y como militar sientes que estás en guerra, y en la guerra la gente muere", expresó Fernández Larios. Añadió que es "fácil decir ahora que lo que ocurría era ilegal. Pero cuando escuchas durante 24 horas que estás en una guerra, y estás bajo el mando de los que tienen el poder, pues ellos son la ley". "Lo que hacían era correcto. Puede que se vea ahora que no lo era. Es difícil entenderlo para alguien que no sea militar", señaló. Además se le consultó por si conocía el uso del corvo, arma con la que los detenidos por la Caravana de la Muerte fueron asesinados, a lo que respondió señalando que nunca recibió instrucción sobre cómo hacerlo. El ex mayor del Ejército se entregó a la justicia estadounidense y fue condenado a tres años de prisión por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en Washington. Fernández Larios, además, está requerido en el proceso en Argentina por el asesinato en Buenos Aires, en 1974, del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y en Chile, en el que se sigue por la muerte del ejecutivo de Corporación del Cobre (Codelco), David Silberman, ultimado en Calama en 1973, entre otros juicios.