La Armada de Chile decidió expulsar al marinero segundo Raúl Órdenes Vega, procesado por la Justicia Militar como el principal responsable del caso de espionaje a personal femenino de la fragata Lynch.
Mientras se espera la ratificación de Contraloría General de la República para hacer efectivo el cese de funciones, Órdenes y el resto de los implicados seguirán separados de sus funciones, pero estarán dentro de la institución hasta que no sean desvinculados por completo.
El capitán de Navío Leonardo Chávez, director de Comunicaciones de la Armada (Direcom) informó que "el marinero Órdenes desde un principio reconoció su directa participación en la situación que todo el mundo conoce y reconoció cuál había sido su implicancia"
"Eso permitió obviamente que el proceso sea mucho más expedito que el de los otros involucrados, los cuales todavía se mantienen los procesos al interior de la institución, producto que hay que definir cuáles fueron sus responsabilidades y cuáles fueron el tipo de actividades que ellos hicieron en esta situación", puntualizó Chávez.
Gobierno respeta decisión de la Armada
La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, señaló que "la Armada tenía que desarrollar una investigación en torno a este tema, si esa investigación ya estuviese concluída y la determinación sea el alejamiento o no de uno de los funcionarios de esa institución, creemos que hay que respetar la decisión que toma esa instancia".
"Ya señalamos en su primer momento, lo hizo el Gobierno a través del ministro de Defensa y de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que no hay espacio de tolerancia a actos de discriminación y de violencia en contra de las mujeres en ninguna institución del Estado, como no debiese haber en la sociedad en su conjunto", recalcó la vocera.
Las víctimas están sin representación legal como los marinos
Jeannette Bruna, directora de la ONG Abogadas Pro Chile afirmó que las seis mujeres vulneradas por los marinos no han tenido representación legal en el juicio.
La directora de la ONG afirmó que "evidentemente lo lamentamos porque en definitiva demuestra que hasta ahora la Corte no ha tenido la oportunidad de escuchar a las victimas debido a que el Estado no ha procurado ni se ha preocupado de darles una respresentación legal ni gratuita como sí la tienen cuatro de los inculpados en este caso".
"De este modo extrañamos la actitud proactiva del Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género) y esperamos que la Armada pueda darnos una entrevista con cada una de las víctimas y así conseguir su patrocinio para ejercer los derechos procesales que ellas tienen y lograr una condena real a los involucrados", añadió.
La ratificación de Contraloría General de la República para hacer efectivo el cese de funciones de Raúl Órdenes podría tardar dos meses.
