El fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, recalcó que mientras no es efectivo que Carabineros no empleara medidas para impedir hechos de violencia policial durante el estallido social, "no hubo esfuerzo" para fiscalizar su cumplimiento por parte de los uniformados.
El persecutor lo argumentó este miércoles, en la quinta jornada de formalización de los generales en retiro Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, a quienes el Ministerio Público atribuye una presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos por omisión.
La exposición de Armendáriz se dio después de la presentación del equipo jurídico de Yáñez, director de Orden y Seguridad de la época, que justamente sostuvo -al igual que las otras defensas- que se tomaron medidas antes, durante y después del estallido social para aminorar las lesiones a civiles.
También destacaron coordinaciones de Carabineros para restringir el uso de la fuerza estrictamente a lo necesario, así como una constante difusión de recordatorios de los protocolos para el correcto control del orden público dentro de la institución.
Para el abogado Nicolás Oxman, tampoco se configura el dolo en este caso, ya que de ser así, su defendido tendría que haber conocido los hechos y decidido no hacer nada al respecto, con la intención comprobable de que estos siguieran en curso, lo que -en su opinión- no fue así.
"Mi representado en ningún momento y bajo ningún respecto -tal como ocurre con el resto de los imputados- puede decirse que haya obrado con un dolo de apremiar ilegítimamente a los demás; todo lo contrario. En todo momento cumplió con la normativa legal y constitucional vigente y sus actuaciones, sus órdenes, dan cuenta de un respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los demás y que, por otro lado, buscaba en todo momento minimizar las consecuencias, disminuir el riesgo de producción de resultados lesivos", subrayó el jurista.
LA RESPUESTA DE LA FISCALÍA
Tras un breve receso, fue el tiempo de las réplicas, oportunidad en la que el fiscal Armendáriz precisó que nadie ha negado la existencia de medidas, sino que se objeta que no contaran con su respectivo seguimiento y fiscalización, porque a pesar de los resguardos, las denuncias de violencia policial no cesaron en ese periodo.
"Nunca hemos dicho que no desarrollaron ninguna actividad, pero lo que interesa son otras: las realmente efectivas, idóneas, eficientes, mantenidas en el tiempo y supervisadas para que efectivamente impidieran la ulterior comisión de los apremios legítimos por los subordinados; o sea, no hubo este esfuerzo que constituye el núcleo de la imputación de los delitos de omisión", profundizó el persecutor.
A su turno, los querellantes complementaron que de acuerdo a un informe de Contraloría, a pesar de que Carabineros emitió instrucciones respecto al uso de escopetas de antidisturbios, no hubo un cumplimiento adecuado del entrenamiento ni del porte de cámaras.
Ellos también refutaron el argumento de las defensas -particularmente de la de Yáñez- de que los efectivos actuaron dentro de un denominado "riesgo permitido", puesto que estos hechos no están autorizados bajo ningún motivo.
TRIBUNAL COMPARTIRÁ RESOLUCIÓN ESTE JUEVES
Terminada la audiencia, el abogado defensor de Yáñez señaló que en "todas las defensas hemos dicho siempre que aquí los altos mandos de Carabineros ejercieron todo lo que estaba a su alcance y lo que era necesario y exigible para cumplir con su función que no era otra que resguardar el orden y la seguridad pública, además de evitar los daños a las personas. En esa ponderación de intereses, actuaron conforme del hecho".
No obstante, la abogada querellante Marisol García reparó en que "una de las tesis que se formuló hoy día es que hay muchos casos que, efectivamente, hubo una persecución, digamos de investigación criminal, pero respecto de los cuales no se llegó a una formalización. Y no por ese hecho, implicaba que esos casos quedaran fuera".
En tanto, el juez que preside el Séptimo Juzgado de Garantía dará a conocer este jueves 17 de octubre al mediodía sus argumentos y resoluciones de las medidas cautelares que cumplirán los tres imputados, mientras dure la investigación.
