La Fiscalía puso el foco en Dipreca, centrado en presuntas irregularidades en la entrega de pensiones de invalidez.
El monto defraudado fue cifrado, hasta ahora, en 25.700 millones de pesos.
El número de imputados llegará a 102.
AHORA Fraude en Carabineros: 7°J.Garantía acoge solicitud del Ministerio Público y decreta ampliación del plazo de investigación en 6 meses. pic.twitter.com/JjDnyYh6xN
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 2 de agosto de 2017
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles la ampliación del plazo de investigación en seis meses del fraude al interior de Carabineros, acogiendo acogió la solicitud del Ministerio Público.
El monto defraudado fue cifrado, hasta ahora, en 25.700 millones de pesos, y una de las nuevas aristas que lleva la Fiscalía tiene el foco en la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca), centrado en presuntas irregularidades en la entrega de pensiones de invalidez a funcionarios de la institución.
Sobre esto último, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, explicó al tribunal, al momento de justificar el aumento del plazo de investigación, que "hemos dado cuenta respecto de algún tema de irregularidades que son objeto de una investigación y que eso ya abrió una nueva arista de esta investigación".
"Esto dice relación con el otorgamiento de pensiones en los cuales se indica una incapacidad o inhabilidad de segunda clase, lo que al mérito de los antecedentes no debiera de ocurrir", agregó.
Se suma a otra arista que está en desarrollo y que apunta al Departamento de Bienestar por posibles irregularidades en la entrega de préstamos al interior de Carabineros.
El persecutor también dijo que hay una serie de diligencias pendientes en Contraloría, en BancoEstado y otras instituciones financieras.
Molestia en las defensas
Por su parte, el aumento del plazo de la investigación no dejó conforme a parte de las defensas, como las del líder de la mafia, el general (r) Flavio Echeverría, quien permanece en prisión preventiva.
Su abogado José Luis Andrés sostuvo que "hicimos ver que en este proceso penal también se deben respetar las garantías y los derechos básicos de mi representado y, entre ellos, el ser juzgado dentro de un plazo razonable".
"Sin embargo, el tribunal ha estimado lo contrario y privilegió los intereses de la persecución estatal de la Fiscalía. Ha justificado las demoras de las instituciones públicas y en responder los requerimientos de la investigación", cuestionó.
La abogada Jacqueline Stubing, que representa al oficial en retiro Nelson Valenzuela, sostuvo que "nos parece excesivo puesto que la privación de una persona y además sumado a eso el desconocimiento de la investigación afecta a los derechos de las personas".
El próximo 16 de agosto habrá una nueva audiencia de formalización, con lo que el número de imputados llegará a 102.
