El general director de la institución dijo que hay un sumario que busca determinar responsabilidades administrativas.
Rozas dijo que está en desarrollo un sumario administrativo por este caso.
La formalización de 12 carabineros de Estación Central por apremios y torturas contra vendedores ambulantes, tras lo cual cinco de ellos quedaron en prisión preventiva, generó la interrogante respecto a la razón por la cual estos funcionarios no han sido dados de baja de la institución.
El general director de Carabineros, Mario Rozas, explicó que la entidad lleva adelante un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en estos hechos, proceso tras el cual se deberían cursar las exoneraciones del organismo policial.
"Se ha iniciado un sumario administrativo y ese sumario arrojará las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Son hechos que si fueran ciertos son repudiables, condenables y con la misma fuerza que yo anuncio todo lo positivo de mi institución con esa misma fuerza también denuncio todo lo negativo", afirmó el mandamás de Carabineros.
"El sumario está en marcha y esperamos que a la brevedad posible se puedan determinar las responsabilidades", añadió Rozas.
Respaldo del Gobierno
En la misma línea se manifestó la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, quien detalló que Carabineros debe desarrollar una investigación administrativa interna antes de cursar las bajas.
"Mientras la investigación administrativa tenga identificado a alguien, si se comprueba que tuvo responsabilidad administrativa se procede a la baja. Como en ese caso que está en investigación penal, no hay acreditación administrativa y está en investigación penal todavía, por eso se mantiene en el sumario y no se han dado de baja", dijo Rubilar.
"Si posteriormente en la investigación administrativa, independiente del resultado de la investigación penal, se determina que hay responsabilidad probablemente se va a proceder a la baja", añadió la autoridad regional.
Pese a lamentar los hechos recientes, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reiteró su respaldo a la policía uniformada.
"La mayor confianza en las instituciones policiales se da cuando las propias instituciones son capaces de reaccionar con energía, con decisión, frente a cualquier acción que sea ilícita", comentó el jefe del gabinete.
"En este caso de la comisaría de Estación Central, que es un procedimiento condenable, porque se pudo haber realizado al margen de la ley, quien primero reacciona y que estuvo en la investigación interna es la propia institución. Si cualquier funcionario comete una acción delictual, que tenga muy claro que la propia institución va a adoptar de inmediato las medidas", afirmó Chadwick.
Detalles de la indagatoria
Tras la maratónica formalización realizada este martes, el fiscal de Alta Complejidad Francisco Ledezma dijo que se investigan 10 hechos "que además se desagregan en distintos delitos por cada uno de los hechos", donde se cuentan "detenciones ilegales, falsificaciones de instrumentos públicos, aparte de los apremios y o torturas según sea el caso".
"Las víctimas en general se aproximaron ya sea a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, a la Fiscalía o incluso ante las mismas unidades policiales de Carabineros y también haciendo las denuncias respectivas en las audiencias de control de detención donde fueron puestas a disposición en calidad de detenidos en algunos casos, donde hemos demostrado en esta investigación que eran detenciones injustificadas o ilegales", añadió el persecutor.
"La intensidad de las medidas cautelares tiene que ver con el número de delitos que se le imputan a cada uno de los funcionarios y en ese sentido hay funcionarios que participan en varios hechos", añadió Ledezma.
La investigación continúa en este caso y se evalúa si es que eventualmente existen más víctimas de estos 12 funcionarios imputados, de los cuales cinco quedaron en prisión preventiva y el resto con medidas cautelares de menor gravedad.
