Carabineros ofreció disculpas públicas a la mujer que la noche del miércoles fue asaltada en Maipú por dos cabos de la institución.
Actuando como verdaderos "motochorros", los funcionarios Vladimir Muñoz Medina y José Mayorga Albornoz sorprendieron a la víctima en la vía pública, la intimidaron y le robaron su cartera.
Los policías se movilizaban a bordo de una motocicleta cuya placa patente alcanzó a ser registrada por la víctima. La pista condujo a un carabinero perteneciente a la dotación de la 25ª Comisaría de Maipú. Éste, al ser interrogado, negó participación en el delito y aclaró que la moto se la había vendido a un compañero de unidad, pero aún no había efectuado el traspaso legal.
El carabinero vivía en un departamento junto a otros cuatro compañeros, dos de los cuales, al ser interrogados, confesaron ser los asaltantes y expresaron su arrepentimiento, lo cual no evitó que fueran dados de baja.
"Tenemos la certeza administrativa de que estos dos carabineros han cometido este hecho y que, lamentablemente, tenemos una víctima de robo con intimidación", dijo esta mañana Roberto Saldivia, coronel de la Prefectura Rinconada.
"Nosotros, los carabineros, rechazamos enfáticamente esta actitud y yo, que en este minuto represento a Carabineros, me siento tremendamente dolido por la actuación de estos carabineros, y le pedimos disculpas a esta víctima", agregó el oficial.
Versión de la víctima
La víctima, Yaritza Figueroa, recordó que "me tiran a la pared, me sujetan los brazos y me empiezan a registrar, que me quede callada, que no grite, que entregue todo lo que tenga. Me quitan todo, se suben a la moto y lo primero que hago es tratar de memorizar la patente, era el único respaldo que yo tenía".
"En Carabineros hicimos la denuncia, igual fue un poco engorroso porque ellos nunca me dieron ninguna información. Yo recién ayer me enteré que eran Carabineros las dos personas que me asaltaron", agregó.
Prisión preventiva para Muñoz
Los ex cabos fueron formalizados en la tarde de este jueves, quedando Muñoz en prisión preventiva y Mayorga con arresto domiciliario nocturno por colaborar con la investigación, decisión que fue apelada por Fiscalía.
La defensora pública Patricia Rodríguez explicó que "nosotros entendemos que para que una persona pueda confesar un delito tiene que cumplirse con ciertos parámetros y estamentos, entre otras cosas tener un defensor público o cualquier abogado particular al lado y que se tomen todos los resguardos necesarios".
"Respecto de él, no se leyeron sus derechos, no se le informó de su derecho a guardar silencio, de tener un abogado y por lo tanto nada da garantía de que la declaración que habría prestado se condiga con la realidad de las cosas", añadió.
Se decretó un plazo de 60 días de investigación por el hecho.