Carabineros cuestionó el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), en el que la entidad llama a que se investigue a los altos mandos de la institución por "permitir" que se cometieran violaciones a los derechos humanos durante las masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019.
Según lo indagado por la organización en el transcurso del llamado estallido social, el reporte indica que los generales de la policía uniformada, "a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas".
La Dirección de Comunicaciones Sociales de la institución respondió al informe con un comunicado, en el que señala que "Carabineros de Chile lamenta que el reporte de Amnistía Internacional-Chile contenga una serie de imprecisiones y omisiones".
"El informe da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que estas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia", puntualiza, criticando en particular que no se aclarara que la denuncia de violación contra un joven en una comisaría -que fue parte del primer documento de AI- resultó descartada por la justicia.
"Todas las denuncias deben ser debidamente investigadas bajo la dirección del Ministerio Público en conformidad a la ley -enfatiza Carabineros-. El establecimiento de la verdad y las responsabilidades civiles y penales le corresponden a los Tribunales de Justicia. En virtud de aquello, y en un Estado de Derecho, un organismo no puede atribuirse el cumplimiento de dicho rol".
El escrito agrega que "como institución rechazamos, en forma tajante, que sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, y reitera su llamado a la prudencia y a permitir que los órganos del Estado realicen su labor con pleno respeto a la Constitución y las leyes".
También salió en defensa de la policía el ministro del Interior, Víctor Pérez, que si bien admitió no haber leído el informe de AI, manifestó que "sin duda, de la sola lectura de las palabras que usted me menciona, creo que hay un sesgo importante y hay una serie de afirmaciones que, creo, no tienen ningún fundamento".
Cambios en la conducción de la policía
El escrito también reafirma que durante las protestas de fines del año pasado "ocurrieron episodios inéditos de extrema violencia" a los que debió enfrentarse la policía, y al menos 2.800 "eventos graves", como los califica la institución.
"En todo momento se hicieron los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desórdenes públicos en cumplimiento del mandato constitucional y con pleno apego a las leyes vigentes", remarca el escrito.
También asegura que se han transparentado los antecedentes para los hechos que son investigados por la Fiscalía, planteando que "prueba de ello, son las auto denuncias frente a situaciones que se han alejado de la normativa legal, incluyendo 1.270 procesos administrativos y la permanente colaboración con el Ministerio Público en sus investigaciones".
Finalmente, la institución arguye que las instrucciones de los mandos operativos y lineamientos de parte de sus mandos estratégicos constantemente buscan reforzar "el respeto permanente de los derechos humanos" en los procedimientos, y agrega que desde octubre del 2019 se han impulsado nuevos protocolos, y hay más de 6.700 efectivos con una consolidada formación en la materia.
Después de que un uniformado fuera imputado por el homicidio frustrado del adolescente empujado al Río Mapocho el 2 de octubre, el Gobierno citó a la comisión encargada de la reforma a Carabineros la semana pasada, otorgándole 90 días de plazo para dar a conocer los primeros resultados de su trabajo.
GOBIERNO REITERA RESPALDO A CARABINEROS Y CRITICA INFORME
A su vez, el Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, también reaccionó al informe y cuestionó que Amnistía "realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial".
Reiteró el respaldo de La Moneda a la policía uniformada y afirmó "con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance".
"La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes", sostuvo la cartera a través de una declaración pública.
Asimismo, criticó que el informe "no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de cinco mil funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos".
"No recoge el trabajo ya realizado por el Gobierno para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, ni la labor realizada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, ni de la Defensoría Penal Pública para fortalecer el resguardo de los derechos humanos", reparó también el Ministerio.
